«Los déficit de energía que tenemos se deben a la corrupción de este régimen. No tienen moral para venir a pedirle a los venezolanos que ahorren energía eléctrica», declaró Velásquez frente a la sede de la estatal eléctrica, en alusión al llamado gubernamental a reducir el consumo. El dirigente instó a la población a no mostrarse complaciente: «Hay que protestar. Hay que exigir derechos que son derechos humanos al final de cuentas para todos los venezolanos». Para Velásquez, la salida pasa por un cambio de gobierno que permita un manejo «con profesionalismo, seriedad y compromiso» del sistema energético nacional.
El partido Primero Justicia advirtió el jueves que los apagones afectan la productividad, la estabilidad emocional de la población y la calidad de vida. La colectividad difundió un mapa con nueve estados —entre ellos Miranda, en el norte, y Bolívar, fronterizo con Brasil en el sur— donde aseguró que los cortes oscilan entre ocho y doce horas diarias. Según la misma denuncia, otros doce estados, entre ellos Guárico, en el centro, y Zulia, fronterizo con Colombia en el noroeste, registrarían cortes de entre cinco y ocho horas al día. Solo el Distrito Capital y el estado Amazonas quedarían fuera del racionamiento.
Tocoma, la obra inconclusa en el centro de la crisis
El trasfondo de la crisis eléctrica tiene una pieza central: la central hidroeléctrica Tocoma, en el estado Bolívar, cuya construcción comenzó en 2007 durante el gobierno de Hugo Chávez, quien encabezó el Ejecutivo venezolano entre 1999 y 2013. La obra forma parte del complejo hidroeléctrico de Guayana, junto con las centrales Guri, Macagua y Caruachi, y su conclusión estaba prevista para 2014. Las obras quedaron paralizadas con un avance del 87.19%, según la organización no gubernamental Transparencia Venezuela.
El miércoles, el gobierno venezolano firmó un apéndice de contrato con la multinacional de origen argentino IMPSA para reactivar los trabajos de Tocoma, un anuncio que se produjo en medio del llamado oficial al ahorro energético y de fallas constantes en el servicio. El acuerdo se suma a un memorando de entendimiento firmado en junio pasado entre el Ejecutivo y la misma empresa con idéntico propósito.
Según explicó entonces el Ministerio de Comunicación venezolano, el objetivo del proyecto es incorporar 2,640 megavatios al sistema eléctrico nacional mediante el montaje de diez unidades generadoras. No se han precisado plazos para la culminación de esta fase de trabajos ni un cronograma público de avance desde la firma del apéndice.
Dos versiones sobre el origen de las fallas
El gobierno venezolano ha responsabilizado durante años a las sanciones extranjeras, particularmente las impuestas por Estados Unidos, y a presuntos actos de «sabotaje» como causas del deterioro del sistema eléctrico, sobre todo en regiones alejadas de Caracas. Esa explicación oficial contrasta con la de los sectores opositores, que atribuyen la crisis a años de falta de mantenimiento, desinversión y manejo irregular de fondos destinados al sector energético.
La confrontación entre ambas narrativas se ha mantenido sin resolución pública verificable a lo largo de los últimos años, en un país donde el acceso a estadísticas oficiales sobre generación eléctrica resulta limitado para observadores independientes. Las cifras de racionamiento por estado difundidas esta semana proceden exclusivamente de denuncias de Primero Justicia y no cuentan con contraste oficial.
La crisis eléctrica venezolana no es reciente. El país atravesó episodios de racionamiento severo en años anteriores, y en marzo de 2019 un apagón nacional dejó sin servicio a la mayor parte del territorio durante varios días y expuso la dependencia del sistema respecto de la central de Guri. Aquel episodio marcó un precedente que la actual ola de protestas frente a la Corporación Eléctrica Nacional evoca directamente.
De cara a los próximos meses, el avance de los trabajos en Tocoma y la eventual incorporación de nueva capacidad al sistema interconectado nacional serán los indicadores que tanto el gobierno como la oposición utilizarán para sustentar sus respectivas versiones sobre el origen y la solución de la crisis energética. Ni el Ejecutivo venezolano ni IMPSA han fijado hasta ahora una fecha para la conclusión de la obra.