La declaración conjunta, suscrita por ocho organizaciones civiles y políticas nicaragüenses, sostiene que la crisis institucional en ese país no puede tratarse como un asunto exclusivamente interno, sino como una amenaza directa a la estabilidad democrática del hemisferio. Según el texto, la consolidación de lo que denominan un «régimen sin elecciones» en el corazón de Centroamérica tendría repercusiones sobre la gobernabilidad regional, la seguridad y los flujos migratorios hacia otros países. «Por ello, esta crisis constituye un asunto de legítimo interés hemisférico y no un problema exclusivamente interno», anotaron los firmantes.
El detonante del pronunciamiento fue un discurso de Ortega, de 80 años, el 19 de julio, durante la conmemoración del 47 aniversario de la revolución sandinista. En esa intervención, el mandatario afirmó que «aquí no volverán a haber elecciones para que por allí intenten ellos atrapar el gobierno, atrapar el poder», en referencia a la oposición organizada dentro y fuera del país.
Este miércoles, el presidente de la Asamblea Nacional de Nicaragua, el sandinista Gustavo Porras, sostuvo que sí se celebrarán comicios, aunque bajo un nuevo marco constitucional que —según sus palabras— blindaría el proceso electoral de la «injerencia extranjera» y de quienes calificó como «traidores a la patria». La combinación de ambos mensajes fue interpretada por los firmantes de la declaración como el anuncio de una reforma orientada a eliminar la competencia electoral real. Las organizaciones advirtieron que las declaraciones de Ortega «no se trata de un gesto político interno, sino de la decisión explícita de abolir el derecho del pueblo nicaragüense a elegir a sus gobernantes y de consolidar un régimen autoritario, permanente y dinástico».
El instrumento que la oposición reclama y sus límites
La Carta Democrática Interamericana, adoptada por la Asamblea General de la OEA en septiembre de 2001, contempla en su articulado un procedimiento para que el Consejo Permanente evalúe situaciones que constituyan una alteración del orden constitucional en un Estado miembro, y prevé la posibilidad de suspender a ese país si las gestiones diplomáticas resultan infructuosas. «La OEA cuenta con instrumentos claros para responder a situaciones de esta naturaleza, y su aplicación rigurosa es esencial», señalaron las organizaciones, que pidieron a los Estados democráticos y a los órganos competentes adoptar las medidas jurídicas y diplomáticas «de conformidad con la Carta Democrática Interamericana».
El reclamo, sin embargo, choca con un obstáculo de fondo: Nicaragua notificó en noviembre de 2021 su denuncia de la Carta de la OEA, un proceso que culminó dos años después con la salida formal del país del organismo regional. Esa circunstancia limita el margen de acción directa de la OEA sobre Managua y explica por qué la coalición dirige buena parte de su llamado no solo a ese organismo, sino también a la Secretaría General y al Consejo Permanente de la ONU, así como a las cancillerías latinoamericanas de forma individual, en busca de un pronunciamiento político que no dependa de un organismo del que Nicaragua ya no forma parte.
El caso nicaragüense se ha convertido en un punto recurrente de discusión en foros multilaterales desde las elecciones generales de noviembre de 2021, en las que Ortega fue reelegido para un nuevo mandato en un proceso que la mayoría de gobiernos democráticos del continente, así como la Unión Europea, calificaron de fraudulento y que se desarrolló con varios de los principales aspirantes presidenciales opositores encarcelados o inhabilitados.
Las organizaciones firmantes advirtieron que la falta de una respuesta firme ante procesos de erosión democrática suele traducirse en más represión, exilio y migración forzada. «La experiencia hemisférica demuestra que cuando el autoritarismo avanza sin una respuesta firme, aumentan la represión, el exilio, la migración forzada y se deteriora la seguridad democrática regional», sostuvieron. Esos fenómenos ya se manifestaron en Nicaragua desde las protestas de 2018, cuando miles de ciudadanos abandonaron el país rumbo a Costa Rica, Estados Unidos y, en menor medida, Panamá.
El precedente hondureño y la respuesta pendiente de Panamá
El antecedente más citado en el debate hemisférico sobre la aplicación de la Carta Democrática es el de Honduras en 2009, cuando la OEA suspendió la membresía de ese país tras el golpe de Estado contra el entonces presidente Manuel Zelaya. Panamá siguió aquel episodio de cerca por su cercanía geográfica y su tradición de defensa de la institucionalidad democrática, reafirmada tras la propia experiencia panameña de recuperación de la democracia en 1989.
El país ha mantenido históricamente una posición de respaldo a los mecanismos multilaterales de defensa de la democracia en foros como la OEA y la Cumbre de las Américas.
El Gobierno de Nicaragua tampoco se ha pronunciado directamente sobre la declaración de las organizaciones en el exilio, aunque las palabras de Porras ante la Asamblea Nacional apuntan a que Managua defiende su hoja de ruta electoral como un asunto de soberanía interna, ajeno a lo que las autoridades sandinistas han calificado en el pasado como injerencia de gobiernos extranjeros y organismos internacionales.
La reforma constitucional a la que aludió Porras tendría que discutirse en el Parlamento nicaragüense, de mayoría sandinista, sin que hasta el momento se haya fijado un calendario público para su tramitación ni se conozca el contenido exacto de los cambios que se plantean al régimen electoral y a los límites de reelección presidencial. Los opositores resumieron su exhortación en una consigna: «defender las elecciones libres en Nicaragua es defender la democracia en las Américas».