El Chocó, ubicado en el noroeste de Colombia y habitado por comunidades dispersas que se comunican principalmente a través de ríos y canales, representa un desafío logístico mayúsculo para los organismos humanitarios desplegados tras el sismo. Grede describió la región como un territorio «rico en biodiversidad y recursos» que se encontraba «en un camino de desarrollo» antes del terremoto, y lamentó que el fenómeno y sus consecuencias supongan «un paso atrás» para una población que ya arrastraba condiciones estructurales de pobreza. «Esta catástrofe ha llegado a la población que estaba menos preparada y que tenía menos recursos y resiliencia para enfrentar una crisis de esta magnitud», afirmó el funcionario.
El departamento chocoano solo es superado en número de afectados por el Valle del Cauca, con casi 36,000 personas impactadas, de acuerdo con el recuento gubernamental. En el balance nacional más reciente, el sismo deja 265 fallecidos, cerca de 3,500 heridos, alrededor de 500 desaparecidos, más de 25,000 familias damnificadas, 1,600 viviendas colapsadas y más de 4,000 con daños estructurales, según los datos difundidos por el Gobierno colombiano.
Grede expresó su expectativa de que el número final de víctimas mortales no alcance las cifras registradas en un terremoto reciente en Venezuela. Argumentó que, si bien el carácter rural de buena parte de las zonas afectadas dificulta y retrasa la llegada de la ayuda, la menor densidad urbana también habría contenido las consecuencias mortales, que se concentraron en núcleos poblacionales de mayor tamaño como Quibdó, Cali, Pereira y Manizales. «La esperanza es que no vamos a llegar a las mismas cifras de fallecidos que en Venezuela», señaló.
El funcionario subrayó la importancia de la coordinación y la evaluación de daños en los primeros días posteriores a una catástrofe de esta naturaleza. El PMA espera comenzar a distribuir alimentos este fin de semana, tras poner a disposición del Gobierno colombiano las existencias de sus bodegas y gestionar la recaudación de los 23 millones de dólares que ha solicitado para asistir a 100,000 personas durante un período de tres meses. «En los primeros días es superimportante la coordinación y la evaluación de daños y necesidades», precisó.
La respuesta institucional en plena transición de gobierno
Según el relato de Grede, en las primeras horas posteriores al sismo el Gobierno del presidente Abelardo de la Espriella, quien había asumido la primera magistratura apenas tres días antes del terremoto, no atendió con prontitud las ofertas de apoyo internacional. La situación cambió el martes, cuando el canciller Omar Bula asistió a la reunión periódica entre Naciones Unidas y las entidades humanitarias que operan en el país, un gesto que el director del PMA calificó de excepcional, pues los representantes políticos no suelen participar en ese tipo de encuentros. «Nos agradeció y dijo que Colombia sí quería esta asistencia», relató sobre las palabras del canciller.
Ese giro abrió paso a lo que Grede describió como una «extensa coordinación» con la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, la entidad gubernamental encargada de dirigir la respuesta ante emergencias, que solicitó apoyo internacional en ámbitos como alimentación, agua, saneamiento y hospitales de campaña. Pese a mantener una comunicación «constante» con las autoridades, los organismos humanitarios permanecen a la espera de precisar cuánta capacidad de respuesta tiene el Estado y qué vacíos deberán cubrir con su propia asistencia.
«El Gobierno tiene que liderar, nosotros somos el segundo respondedor», sostuvo el director del PMA en Colombia, en una definición que delimita el papel subsidiario que Naciones Unidas atribuye a su intervención frente a la responsabilidad primaria del Estado afectado. El organismo ya desplegó equipos en localidades como Pereira y Manizales para evaluar las necesidades específicas de cada zona antes de adaptar la distribución de ayuda.
Grede destacó que Colombia cuenta con una «institucionalidad fuerte» que, a su juicio, facilitará las labores de coordinación entre el Estado y los organismos internacionales, además de una «buena capacidad de respuesta» ante emergencias de esta envergadura. Reconoció, no obstante, que el terremoto se produjo en «un momento difícil, porque el Gobierno está justo en transición», al coincidir con el arranque de la administración de De la Espriella, cuyo gabinete apenas comienza a tomar las riendas del aparato estatal.
El impacto desigual del sismo sobre las regiones más vulnerables reproduce un patrón recurrente en desastres naturales de América Latina: los territorios con menor desarrollo institucional y económico previo tienden a sufrir consecuencias proporcionalmente mayores, al carecer de infraestructura resiliente y de capacidad de respuesta local inmediata. La región chocoana, con población mayoritariamente afrodescendiente e indígena y sin conexión vial plena con el resto del país, ilustra esa fragilidad estructural que los organismos humanitarios señalan como agravante de la emergencia.
Para las próximas semanas, la atención se centrará en la evolución del reparto de ayuda humanitaria en el Chocó y el Valle del Cauca, en la actualización de las cifras oficiales de víctimas y damnificados que difunda el Gobierno colombiano, y en el grado de ejecución de los 23 millones de dólares que Naciones Unidas ha solicitado a la comunidad internacional para sostener la asistencia alimentaria durante los próximos tres meses. El propio inicio de la distribución de alimentos, previsto por el PMA para este fin de semana, marcará el primer hito verificable de esa respuesta.