La discusión se produjo en el marco de las vistas presupuestarias que cada año celebra la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional para sustentar la solicitud de fondos del propio Legislativo, un ejercicio que para 2027 involucra $176.6 millones. Duke preguntó directamente a Castañedas qué plan tenía para los diputados que ocupan dos, tres, cuatro y hasta cinco oficinas, cuando lo previsto es que cada legislador cuente con un único despacho en el edificio conocido como «nuevo», construido específicamente para alojar los despachos de los 71 diputados.
«¿Qué usted va a hacer al respecto para que todos los diputados tengamos los mismos derechos?», planteó Duke ante el pleno de la comisión. Castañedas, flanqueada en ese momento por los diputados Luis Eduardo Camacho, de Realizando Metas (RM), y Manuel Cohen, de Cambio Democrático (CD), respondió apoyándose en que esos espacios no suponen erogación adicional. «Eso no genera gasto y no está dentro del presupuesto y no genera gasto tampoco. Esas oficinas ya están creadas y están aquí y son utilizadas por algunos diputados que mantienen más personal que otros», sostuvo la presidenta del Legislativo.
La justificación de Castañedas apuntó a que algunos diputados han organizado en esos espacios adicionales «un departamento legal, un departamento de investigaciones, un departamento X», según sus propias palabras, o que simplemente la oficina asignada les «queda chica». La explicación no aclaró, sin embargo, bajo qué criterio se decide qué legislador amerita más de un despacho ni qué mecanismo existiría para revisar esas asignaciones.
El asunto de las oficinas VIP no es nuevo en la sede del Legislativo. Ya en 2025, bajo la presidencia del diputado panameñista Jorge Herrera, el tema generó atención pública. Los despachos de Robinson y Pineda se ubican en un área contigua a la clínica parlamentaria, en la parte trasera del edificio principal, de frente a la avenida de los Mártires, un sector sin ventanas y bajo vigilancia permanente de un equipo de seguridad especial que restringe el paso de cualquier persona ajena. Herrera prometió en su momento desmontar ese esquema, pero la promesa no se tradujo en ninguna medida concreta durante su gestión al frente del Legislativo.
Castañedas asumió la presidencia de la Asamblea Nacional el pasado 1 de julio de 2026 con el respaldo del PRD y otras bancadas. Su postura ante la Comisión de Presupuesto apunta a que la asignación de espacios heredada de administraciones anteriores continuará sin variaciones en el actual periodo. El reparto de despachos no está regulado por una norma pública específica, sino que depende de las decisiones administrativas de la presidencia de turno, lo que ha convertido esa discrecionalidad en foco recurrente de reclamos entre las bancadas.
Contraste con las carencias de otros despachos
La defensa de Castañedas sobre las oficinas adicionales contrastó con otro pasaje de la misma sesión, cuando la diputada Yamireliz Chong, también de la bancada Vamos, expuso las carencias que enfrentan otros despachos. «En la Asamblea de los millones de dólares no tenemos tinta para imprimir. En la Asamblea de los millones de dólares no tenemos un escritorio digno. Esto es lamentable», señaló Chong ante el pleno de la comisión.
Chong describió además el estado de los baños del Palacio Justo Arosemena, que según relató carecen de luz y de papel higiénico. «Las condiciones son pésimas», afirmó la diputada, quien cuestionó cómo el Legislativo puede aprobar leyes en defensa de las mujeres sin garantizar condiciones dignas de trabajo para su propio personal. «Nosotros hemos mandado cartas, porque no solamente son las personas que vienen de visita las que usan esos baños; son nuestras funcionarias y funcionarios quienes también los usan», agregó.
Ante ese reclamo, Castañedas reconoció que la Asamblea necesita inversión para renovar mobiliario y equipos y mejorar las condiciones de trabajo del personal legislativo, con el argumento de que se requieren mejoras estructurales que exceden lo que el personal administrativo puede resolver por su cuenta. El contraste queda planteado: mientras las oficinas adicionales de algunos diputados no representarían, según su propio criterio, gasto alguno por tratarse de espacios ya existentes, la modernización de los despachos con carencias sí exigiría una partida específica dentro del presupuesto de 2027.
El diputado Ernesto Cedeño, del Movimiento Otro Camino (Moca), también ha planteado objeciones sobre la distribución del espacio físico en la Asamblea, particularmente en lo referente a las comisiones legislativas, que en varios casos no cuentan con salas propias para sesionar con normalidad, lo que obliga a rotaciones y coordinaciones adicionales entre las distintas bancadas.
El trámite del presupuesto de la Asamblea Nacional para 2027 continúa su curso en la Comisión de Presupuesto, instancia que deberá remitir su recomendación antes de que el paquete completo del Presupuesto General del Estado siga el proceso de debates correspondiente en el pleno, con miras a su aprobación en tercer debate y posterior sanción del Órgano Ejecutivo. El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) coordina habitualmente ese calendario junto con las comisiones de la Asamblea.
Todo contrato y gasto estatal, incluidos los de funcionamiento del propio Legislativo, requiere el refrendo del contralor, aval de la Contraloría General sin el cual no puede ejecutarse erogación alguna con cargo a fondos públicos. Ese mecanismo de fiscalización es el punto de control natural sobre las partidas discrecionales y los gastos de operación de la Asamblea, cuestionados de manera recurrente en el debate público sobre transparencia en el manejo de recursos del Legislativo.
Ni Robinson ni Pineda se pronunciaron públicamente sobre las declaraciones de Castañedas durante la sesión de la Comisión de Presupuesto. Duke y Chong, por su parte, no han precisado si plantearán alguna iniciativa formal —ya sea un proyecto de resolución o un llamado a fiscalización— para revisar la asignación de espacios dentro del Palacio Justo Arosemena en lo que resta del actual periodo legislativo.