La audiencia, convocada para las 8:30 de la mañana, arrancó con una hora de retraso ante los magistrados Frank Torres, Carlos Barragán y Greta Marchosky. Algunos imputados comparecieron en la sala; otros siguieron el proceso por videoconferencia. El desistimiento de los ocho recurrentes se interpreta como un posible gesto de acercamiento a la Fiscalía Especializada contra la Delincuencia Organizada, que investiga la trama, en busca de un trato más favorable en el resto del procedimiento.
Al aceptar el desistimiento, el tribunal formaliza que estas ocho personas seguirán en detención provisional mientras avanza la instrucción. Esta medida cautelar, regulada en el Código Procesal Penal panameño, responde a un análisis de riesgo de fuga u obstrucción a la investigación y no equivale a una declaración de culpabilidad: los imputados conservan la presunción de inocencia hasta que, si corresponde, un tribunal dicte sentencia firme tras juicio.
No todos los señalados tomaron el mismo camino. Margie Caballero, Vielka Sáez y Juana Chong, hasta hace poco funcionarias de la DGI, decidieron mantener su solicitud de apelación al considerar excesiva la detención provisional que pesa sobre ellas. A esa postura se sumaron Juan Omar Palacios y Karina Suárez, también imputados en la causa.
La defensa de las exfuncionarias
En una breve intervención ante los magistrados, Sáez y Chong negaron tener conocimiento de la existencia de una estructura organizada dentro de la DGI para desviar créditos fiscales. Ambas sostuvieron que la tramitación de esos créditos ya venía aprobada “de arriba” y que su función se limitaba a cerrar el trámite. El resto de los imputados optó por guardar silencio durante la audiencia.
El fiscal Emeldo Márquez pidió al tribunal mantener la detención provisional contra Caballero, Sáez y Chong, a quienes atribuye una participación activa en el esquema usado para alterar y desviar créditos fiscales a terceros. Según Márquez, la red intentó no dejar rastros, ya que las ganancias fueron distribuidas en efectivo. La Fiscalía también se opone al cambio de medida cautelar para quienes permanecen en detención provisional.
Márquez advirtió que las pesquisas realizadas hasta el momento pueden elevar a 50 el número de implicados y aumentar el perjuicio económico más allá de los $40 millones inicialmente reportados. El fiscal señaló que cada día surgen nuevas empresas afectadas por la manipulación del sistema, entre ellas la Cervecería Nacional, aunque no especificó el monto de esa afectación.
La operación Pandora se centra en una presunta red dedicada a alterar y sustraer créditos fiscales del sistema e-Tax 2.0, la plataforma digital que la DGI utiliza para la gestión tributaria. De confirmarse los hechos, la maniobra habría permitido a terceros obtener beneficios ilícitos mediante la manipulación de registros fiscales, con un daño directo a las arcas del Estado.
Los delitos imputados a este grupo —blanqueo de capitales, falsificación de documentos, corrupción de funcionarios y delincuencia organizada— corresponden a figuras previstas en el Código Penal panameño para esquemas con participación de funcionarios públicos. La causa se tramita bajo el sistema penal acusatorio, que exige a la Fiscalía sustentar ante un juez de garantías —y ante el Tribunal Superior de Apelaciones en caso de recurso— la necesidad de mantener las medidas cautelares.
La apelación de la Fiscalía y los próximos pasos
La Fiscalía apeló además las medidas de depósito domiciliario otorgadas a Lupo González y Angeli Rodríguez, con el propósito de que ambos pasen a detención provisional. En la reanudación de la audiencia, prevista para este martes 4 de agosto, Márquez tenía previsto solicitar la revocatoria de esas medidas domiciliarias. La Procuraduría General de la Nación confirmó, por sus canales institucionales, que la sesión continuaría con la solicitud fiscal de confirmar la detención de otros cinco imputados que mantienen su recurso.
Las diligencias contra funcionarios de la DGI no son inéditas en Panamá: el fisco panameño ha sido escenario de investigaciones previas por desvío de fondos y créditos indebidos, aunque la magnitud de la red señalada en Pandora —con un perjuicio que la propia Fiscalía estima podría crecer más allá de los $40 millones ya reportados— la sitúa entre las de mayor alcance contra la entidad en años recientes. La adopción del sistema penal acusatorio, que sustituyó de forma progresiva al modelo inquisitivo mixto en la última década, es el marco bajo el cual se resuelven ahora estas medidas cautelares en audiencias orales.
La causa sigue su curso ante el Tribunal Superior de Apelaciones, que deberá resolver sobre los recursos pendientes de Caballero, Sáez, Chong, Palacios y Suárez, así como sobre la apelación fiscal contra las medidas domiciliarias de González y Rodríguez. La Fiscalía Especializada contra la Delincuencia Organizada continúa las pesquisas que, según ha advertido Márquez, podrían derivar en nuevas imputaciones.