James tendrá autoridad para investigar de manera independiente, presentar cargos si lo estima procedente y llevar pruebas ante un gran jurado, según el alcance del nombramiento anunciado por la gobernadora. La fiscal general arrastra un prolongado enfrentamiento judicial con el presidente Donald Trump, a quien demandó en 2022 por fraude financiero junto con su empresa; aquel litigio terminó con una sanción civil de unos 454 millones de dólares que Trump mantiene en apelación y ha calificado de políticamente motivada.
"Esta noche firmé una orden ejecutiva nombrando a la fiscal general Letitia James como fiscal especial en el caso de agresión sexual de Cornell. Nueva información ha generado serias preguntas sobre cómo se manejó este caso, y he perdido la fe en la capacidad del fiscal del condado de Tompkins", escribió la gobernadora Kathy Hochul en un mensaje publicado en la red social X.
El caso había quedado prácticamente cerrado tras una decisión inicial de no presentar cargos, hasta que medios estadounidenses, entre ellos CBS News y ABC News, accedieron a la transcripción de las entrevistas realizadas por la Policía de Cornell a la denunciante, una estudiante que entonces tenía 20 años. Según esa transcripción, la joven relató a los investigadores haber sido "golpeada físicamente" y "violada", y sostuvo que podía afirmar "con seguridad al 100%" haber sido víctima de una violación, aunque reconoció no recordar partes de la noche por el consumo de alcohol y drogas.
La estudiante describió además haber sentido "coacción" y haber rechazado verbalmente los avances de varios hombres, en un estado que, según narró, le impedía tomar decisiones de manera consciente. El propio Van Houten, quien decidió esta semana reabrir el expediente, declaró a CBS que nunca tuvo acceso a esa transcripción porque no le fue entregada en su momento.
"Si esa información fue omitida de la investigación inicial, debe ser examinada por completo por alguien externo a la universidad", declaró el fiscal del condado de Tompkins, Matthew Van Houten.
La denunciante presentó el 18 de septiembre pasado una demanda civil contra la Universidad Cornell y siete presuntos agresores, en la que sostiene que la institución no actuó de manera adecuada frente a su denuncia y que se vio obligada a abandonar sus estudios sin recuperar el dinero de la matrícula. Cornell había realizado previamente una investigación interna de varios meses que derivó en la expulsión de dos estudiantes, sanciones a otros y el cierre de la fraternidad Chi Phi en el campus.
Hochul anunció también que la universidad llevará a cabo una revisión independiente de cómo gestionó el caso desde el inicio. "He hablado con el presidente de Cornell hoy, y la universidad ha aceptado traer un abogado externo para una investigación independiente", afirmó la gobernadora en un video publicado en X, en el que precisó que ese proceso correrá en paralelo a la investigación penal que ahora encabeza la fiscal general James.
El procedimiento se mantiene en fase de investigación, sin que a la fecha se haya formulado acusación formal contra ninguno de los señalados, cuya responsabilidad penal está aún por determinarse ante la justicia del estado de Nueva York.