Los incendios que afectaron a amplias zonas de Ávila y del oeste de la Comunidad de Madrid a lo largo de julio obligaron a elevar la respuesta al nivel de interés nacional, lo que implica la asunción de la coordinación superior del operativo por parte del Ministerio del Interior. Una vez controlados los focos principales, Sánchez declaró el fin de la emergencia nacional e insistió en la necesidad de un pacto de Estado que aborde la prevención y extinción de incendios como una política estructural y no coyuntural, en lo que describió como "el acuerdo más importante".
Novillo sostuvo que reducir el fenómeno a una consecuencia del cambio climático "es simplista" y que este "es sólo un factor más" entre los que, a su juicio, inciden en la magnitud de los incendios, junto al abandono rural, la gestión forestal y la falta de inversión sostenida en prevención. Esa lectura conecta con el debate que desde hace años mantienen ingenieros forestales y expertos en gestión del territorio, que atribuyen buena parte del incremento en la virulencia de los fuegos al despoblamiento del medio rural iniciado a mediados del siglo pasado, que dejó sin gestión miles de hectáreas de monte.
El consejero defendió que el operativo desplegado por la Comunidad de Madrid "ha conseguido el objetivo número uno: que los incendios no nos costasen vidas". Elogió además el papel de los regidores de los municipios afectados, a quienes calificó de "auténticos héroes" por su gestión durante la crisis, en alusión a la coordinación de evacuaciones y la comunicación con los vecinos en las horas más críticas.
Novillo también cargó contra las declaraciones del ministro de Transportes, Óscar Puente, durante los días de mayor virulencia de los fuegos, al considerar que "las afirmaciones de Puente durante la emergencia han sido lamentables". El contenido exacto de las intervenciones del ministro que motivaron el reproche no consta en la información disponible. Ni Puente ni el Ministerio de Transportes han respondido públicamente a esta acusación.
Un reparto competencial que arrastra fricciones
El pacto de Estado que promueve el Ejecutivo se enmarca en un debate recurrente sobre la coordinación entre la Administración General del Estado y las comunidades autónomas en materia de emergencias. La Ley 17/2015 del Sistema Nacional de Protección Civil establece que la gestión ordinaria de los incendios forestales corresponde a las comunidades autónomas, mientras que el Estado asume la coordinación superior cuando la emergencia se declara de interés nacional, como ocurrió en Ávila y Madrid. Esa distribución de responsabilidades ha generado tensiones en episodios anteriores de grandes catástrofes.
La Comunidad de Madrid, gobernada por Isabel Díaz Ayuso, ha mantenido en los últimos años una relación de confrontación con el Gobierno central en distintos ámbitos de gestión, y la discrepancia sobre el peso del cambio climático en los incendios se inserta en esa dinámica. El Ejecutivo autonómico reclama que cualquier acuerdo contemple partidas específicas para la gestión forestal y no se limite, en sus términos, a un diagnóstico centrado en el clima.
La Agencia Estatal de Meteorología y el Ministerio para la Transición Ecológica han señalado en los últimos años que el aumento de las temperaturas medias y la prolongación de las sequías en la Península elevan el riesgo de los llamados incendios de sexta generación, caracterizados por su rapidez de propagación y su comportamiento errático. Esos mismos organismos coinciden en que la vulnerabilidad del territorio depende también de factores estructurales como la gestión forestal, la planificación urbanística en la interfaz urbano-forestal y la disponibilidad de medios de extinción, un punto que enlaza con el argumento de Novillo.
El precedente más citado en este debate es el de los incendios de Galicia de 2006, que causaron varias víctimas mortales y arrasaron decenas de miles de hectáreas en el noroeste peninsular, y que impulsaron una revisión de la legislación forestal española. Aquella crisis situó por primera vez con intensidad en la agenda pública la controversia entre causas climáticas y causas de gestión territorial que hoy reaparece con matices similares entre el consejero madrileño y el Gobierno central.
Al anunciar el fin de la emergencia nacional, Sánchez remarcó que el acuerdo pretende dotar de continuidad presupuestaria y de coordinación interterritorial a las políticas de prevención, una demanda que distintas comunidades autónomas, con independencia de su color político, han trasladado en los últimos años.
El debate sobre el pacto de Estado se prolongará en las próximas semanas, con la previsión de una conferencia sectorial o mesa de coordinación entre el Ministerio del Interior y las comunidades autónomas. Ese será el foro en el que se dirima si el acuerdo se articula en torno a un diagnóstico centrado en el cambio climático o incorpora también las partidas de gestión forestal que reclama la Comunidad de Madrid, en un pulso que anticipa una negociación técnica y política de fondo.
