El episodio se desató después de que el mandatario nicaragüense, durante la conmemoración del 47º aniversario de la Revolución Sandinista, sostuviera que en su país «no volverán a haber elecciones para que por allí intenten ellos (la oposición) atrapar el Gobierno, atrapar el poder».
La Cancillería de Panamá reaccionó con un comunicado en el que expresó su rechazo a esas declaraciones y defendió el voto como el mecanismo mediante el cual los ciudadanos expresan libremente su voluntad. «Suprimir este derecho representa un fuerte agravio a los principios, valores y derechos que sostienen nuestras sociedades», indicó el Gobierno panameño.
Como medida adicional, Panamá llamó a consultas a su embajador en Managua, un instrumento diplomático que, sin llegar a la ruptura de relaciones, constituye una de las señales de mayor peso que un Estado puede emitir para expresar desacuerdo con las políticas de otro sin cerrar los canales de comunicación bilateral.
La respuesta nicaragüense se conoció el martes. A través de un pronunciamiento de su Ministerio de Relaciones Exteriores, la Cancillería de Nicaragua sostuvo que la nota panameña «no representa los valores de no injerencia y no intervención» que —según indicó— han caracterizado la relación entre ambos países. Managua reiteró que «la soberanía de nuestro pueblo no se discute» y aseguró que esta «se defiende con los argumentos propios de nuestra constitucionalidad y jurisprudencia».
El intercambio se inscribe en un principio jurídico que ambas partes invocan en sentidos opuestos. Panamá apela al respeto al sufragio como derecho ciudadano; Nicaragua, al principio de no intervención en los asuntos internos de los Estados, recogido en la Carta de la Organización de las Naciones Unidas y en la Carta de la Organización de los Estados Americanos (OEA). Nicaragua anunció en años recientes su decisión de retirarse de la OEA, mientras que Panamá figura entre los miembros fundadores del organismo, creado en 1948.
Un mecanismo diplomático sin ruptura
El llamado a consultas del embajador es la figura de menor intensidad dentro del repertorio de señales diplomáticas: el jefe de misión regresa a su país para informar a su gobierno, sin que ello implique la retirada definitiva ni el cierre de la embajada. A diferencia de la expulsión de un embajador o de la ruptura de relaciones, permite mantener abiertos los canales oficiales. Hasta el momento, Nicaragua no ha adoptado una medida equivalente respecto de su representación en Panamá.
La defensa panameña del sufragio en foros regionales tiene precedentes en su propia historia. Tras la invasión estadounidense de diciembre de 1989, que derrocó al general Manuel Antonio Noriega y dio paso a la restauración del orden constitucional, sucesivos gobiernos panameños —de distinto signo— han sostenido posiciones a favor del respeto a los procesos electorales en instancias como la OEA. Panamá había vivido más de dos décadas de gobiernos militares antes de esa fecha.
Nicaragua, por su parte, atraviesa desde hace años un distanciamiento con varios gobiernos de la región y con organismos multilaterales que han cuestionado el manejo de su calendario electoral. La Cancillería de Managua defiende que las decisiones sobre su sistema electoral corresponden exclusivamente a su ordenamiento jurídico interno.
En el plano interno panameño, la Asamblea Nacional no se ha pronunciado mediante resolución formal sobre el episodio. Los asuntos de política exterior corresponden al Órgano Ejecutivo, si bien la Asamblea conserva competencias de aprobación de tratados y de fiscalización sobre la actuación del Ministerio de Relaciones Exteriores.
El desenlace dependerá en los próximos días de si el Órgano Ejecutivo panameño decide mantener a su embajador en consultas por un periodo prolongado o dispone su regreso a Managua, así como de la eventual reacción de otros gobiernos latinoamericanos. Por ahora, ninguna de las dos capitales ha anunciado nuevas medidas más allá del intercambio de notas.