San Miguelito es uno de los distritos más densamente poblados de la provincia de Panamá, con corregimientos que dependen en buena parte de las transferencias municipales para sostener obras menores, programas comunitarios y el funcionamiento administrativo de las juntas comunales. Estas juntas, presididas por los representantes de corregimiento, constituyen el primer escalón de gobierno local y canalizan buena parte de la inversión de proximidad que llega a los vecinos.
El anuncio de que los giros pasarían a depender de la disponibilidad de caja, y no de montos preestablecidos, representaría un cambio de fondo en la forma en que el municipio ha venido operando. De acuerdo con lo señalado por la alcaldesa, el nuevo esquema sería proporcional entre las distintas juntas comunales, en función de los ingresos efectivamente recaudados por el municipio en cada periodo. En meses de menor recaudación, los representantes de corregimiento recibirían montos inferiores a los asignados históricamente, con el consiguiente impacto en la ejecución de obras y programas sociales que dependen de ese flujo.
Un marco legal que condiciona las transferencias
El planteamiento de Hernández contrasta con el modelo de transferencias fijas que ha caracterizado la relación entre los municipios panameños y las juntas comunales. La Ley 37 de 2009, que estableció el marco de descentralización de la administración pública y reconoció a los municipios como entidades con autonomía, previó mecanismos de transferencia hacia los corregimientos, aunque su aplicación ha estado sujeta a la disponibilidad de fondos de cada comuna. A ello se suma la Ley 106 de 1973 sobre régimen municipal y sus reformas, que contempla transferencias periódicas a las juntas comunales para el sostenimiento de sus funciones administrativas y de inversión.
Las juntas comunales de San Miguelito, como las del resto del país, dependen tanto de transferencias del Órgano Ejecutivo, a través del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), como de los ingresos propios del municipio, que incluyen tasas, impuestos municipales y otros cobros administrativos. Cuando la recaudación municipal se contrae, son precisamente estas transferencias locales las primeras en resentirse.
San Miguelito no es un caso aislado en la historia reciente de las finanzas municipales panameñas. Distritos del interior del país y de zonas con alta demanda de servicios han enfrentado episodios de estrechez de caja que han obligado a sus alcaldes a renegociar compromisos con las juntas comunales o a gestionar apoyo extraordinario del Órgano Ejecutivo. La particularidad, en este caso, radica en la magnitud de la advertencia planteada por la alcaldesa, que apunta a un escenario de arcas en cero si no se aplican los ajustes anunciados.
Silencio de las instituciones fiscalizadoras
Cualquier medida de recorte o reasignación que implique contratos o compromisos previamente adquiridos por el municipio quedaría sujeta a los mecanismos de control y al refrendo del contralor cuando se trate de compromisos de gasto de cierta envergadura.
El Ministerio de Economía y Finanzas, responsable de canalizar buena parte de las transferencias hacia los municipios, tampoco ha emitido pronunciamientos públicos sobre la situación específica de este distrito. Cualquier ajuste en el flujo de recursos tendría que enmarcarse dentro de las asignaciones previstas en el Presupuesto General del Estado vigente, cuya ejecución se revisa en las vistas presupuestarias que se celebran en la Asamblea Nacional.
Los representantes de corregimiento de San Miguelito, que integran el Consejo Municipal junto con la alcaldesa, no han emitido hasta ahora una posición pública conjunta sobre el anuncio. Su reacción resultará determinante para calibrar el alcance real de la medida, en la medida en que son ellos quienes reciben directamente los desembolsos y quienes deberán ajustar su planificación de obras y programas si el nuevo esquema proporcional se aplica de manera efectiva.
El caso reabre un debate de fondo sobre la suficiencia de los recursos que llegan a los municipios panameños frente a las responsabilidades que la descentralización les ha ido trasladando. La brecha entre las competencias asignadas a los municipios y los recursos efectivamente transferidos por el Órgano Ejecutivo ha sido señalada como una de las principales limitantes para el fortalecimiento del gobierno local en el país.
De cara a los próximos meses, la atención se centrará en si el municipio de San Miguelito formaliza el nuevo esquema proporcional mediante un acuerdo del Consejo Municipal y en cómo reaccionan las juntas comunales ante la reducción o variabilidad de los montos que reciban. La Contraloría General, por su parte, podría requerir información detallada sobre la situación de caja del municipio si se llegara a advertir un riesgo de incumplimiento de compromisos ya contraídos con terceros o con la planilla estatal municipal.