El documento firmado por las organizaciones sostiene que varias de las 19 muertes registradas por el OIJ estuvieron relacionadas con enfermedades prevenibles, dificultades de acceso a servicios de salud y ausencia de seguimiento institucional durante las temporadas de cosecha. Según los firmantes, se trata de un patrón que pudo haberse evitado con una respuesta oportuna del Estado costarricense. El oficio del OIJ abarca el periodo comprendido entre enero de 2020 y febrero de 2026.
La cifra no es un hecho aislado en el debate migratorio bilateral. Las organizaciones recuerdan que ya en agosto de 2020 más de un centenar de colectivos había advertido sobre las condiciones de alojamiento precario, la insuficiente atención médica y la falta de inspecciones laborales que afectaban a mujeres embarazadas, niñas y niños durante las cosechas cafetaleras. Seis años después, sostienen, aquella alerta no se tradujo en soluciones efectivas y las condiciones de vulnerabilidad persisten.
La magnitud del flujo migratorio queda reflejada en los registros oficiales citados en el pronunciamiento. Según el Sistema de Trazabilidad Laboral Migratoria, entre 2020 y 2025 ingresaron a Costa Rica 42.995 personas panameñas como trabajadoras agrícolas temporales, de las cuales 7.951 eran niñas y niños, es decir, un 18,5 % del total. La mayoría de estas familias pertenece al pueblo indígena ngäbe-buglé, el grupo originario más numeroso de Panamá, y viaja en grupos familiares para participar en la recolección de café.
La comarca Ngäbe-Buglé fue creada en 1997, tras años de movilización indígena que exigía reconocimiento territorial y autonomía administrativa, y abarca áreas de las provincias de Chiriquí, Bocas del Toro y Veraguas. La migración estacional hacia las fincas cafetaleras de Costa Rica constituye desde hace décadas una de las principales fuentes de ingreso para miles de familias indígenas panameñas durante los meses de baja actividad agrícola. Casi tres décadas después de aquel reconocimiento, la persistencia de esa migración y las muertes infantiles denunciadas reabren la cuestión de hasta qué punto la creación de la comarca vino acompañada de políticas efectivas de desarrollo y protección social.
Un protocolo que no llega al terreno
Costa Rica cuenta desde hace años con un Protocolo General para la Atención de la Migración Laboral durante las cosechas, actualizado por última vez en mayo de 2024, que establece pautas de coordinación entre instituciones sanitarias, laborales y migratorias para la atención de trabajadores temporales. Los firmantes del pronunciamiento consideran que ese instrumento no ha sido suficiente para garantizar condiciones adecuadas de alojamiento, atención sanitaria y protección de derechos, y sostienen que la persistencia de las muertes infantiles evidencia una brecha entre la letra de la norma y su aplicación práctica en las fincas.
El pronunciamiento no se limita a la denuncia: plantea una serie de recomendaciones dirigidas al Gobierno de Costa Rica y a instituciones como los ministerios de Salud y de Trabajo, la Caja Costarricense de Seguro Social, la Dirección General de Migración, el Patronato Nacional de la Infancia y el Instituto del Café de Costa Rica (Icafé). Entre las medidas solicitadas figuran investigaciones sobre las muertes, inspecciones periódicas en las fincas, el fortalecimiento de la atención médica, una mayor coordinación interinstitucional y mecanismos permanentes de supervisión de las condiciones laborales y de vivienda de las familias indígenas migrantes.
El documento concluye que el pueblo ngäbe-buglé no solo constituye una fuerza laboral esencial para la caficultura costarricense, sino que también es titular de derechos reconocidos por la Constitución, la legislación nacional y diversos instrumentos internacionales. Entre estos figura el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre pueblos indígenas y tribales, ratificado por Panamá, que obliga a los Estados a garantizar condiciones equitativas de empleo y protección social a las poblaciones indígenas.
El respaldo al documento incluye a figuras de los ámbitos cultural, político y académico de ambos países. Entre los firmantes constan la escritora costarricense Ana Cristina Rossi Lara, el músico Manuel Obregón López y las cantautoras Guadalupe Urbina Juárez, Maf e Tula y Luz María Romero Miño, junto con los expresidentes costarricenses Abel Pacheco de la Espriella y Laura Chinchilla Miranda, y el expresidente panameño Ricardo de la Espriella Toral. La participación de exmandatarios de ambos países otorga al pronunciamiento un peso político que trasciende el ámbito social o académico.
El material disponible no recoge respuesta pública de las instituciones costarricenses señaladas —los ministerios de Salud y Trabajo, la Caja Costarricense de Seguro Social, la Dirección General de Migración, el Patronato Nacional de la Infancia o el Icafé— sobre el contenido del oficio del OIJ. Tampoco consta pronunciamiento del Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral ni del Ministerio de Relaciones Exteriores de Panamá, competentes en materia laboral y de asuntos indígenas, respecto a las medidas que reclaman las organizaciones.
A partir de este pronunciamiento, las organizaciones firmantes reclaman que las autoridades costarricenses abran investigaciones formales sobre cada una de las 19 muertes documentadas por el OIJ y que se establezca un mecanismo de seguimiento binacional entre Panamá y Costa Rica de cara a la próxima temporada de cosecha, que en la región de Los Santos se concentra en el último trimestre del año. La respuesta de los ministerios señalados y la eventual reacción de las autoridades panameñas marcarán si el episodio se traduce en medidas concretas o se suma a la lista de advertencias previas que, según los firmantes, no lograron evitar las muertes registradas entre 2020 y 2026.