Feijóo, en una entrevista concedida a la agencia Europa Press, reclamó al Gobierno decretar el confinamiento en Ceuta ante lo que calificó de emergencia de salud pública, derivada de la llegada de más de 80.000 personas en situación irregular. El líder del PP vinculó esa cifra a la aparición de enfermedades infectocontagiosas como la sarna o la tuberculosis y pidió al Ejecutivo una respuesta sanitaria excepcional. El PP no ha detallado un marco jurídico alternativo para sustentar su petición más allá de invocar el «riesgo sanitario».
García respondió que «los confinamientos como medida de salud pública tienen que guardar relación con el mecanismo de transmisión de las enfermedades que pretende controlar», un principio recogido en la Ley Orgánica 3/1986 de Medidas Especiales en Materia de Salud Pública, norma que habilita a las autoridades sanitarias a adoptar confinamientos, cuarentenas o cierres de instalaciones cuando exista un riesgo transmisible grave. Según la ministra, aplicar esa herramienta en este caso «podría ser mucho más dañino que beneficioso en términos de salud pública».
El deslinde competencial con la ciudad autónoma
La titular de Sanidad utilizó además el reparto competencial para deslindar responsabilidades. Recordó que «las competencias en materia de salud pública en Ceuta las tiene el Gobierno de la ciudad de Ceuta», mientras que a su departamento le compete la asistencia sanitaria —refuerzo de hospitales, personal o dispositivos extraordinarios— a través del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (INGESA), organismo que gestiona la atención médica en las dos ciudades sin transferencias sanitarias plenas, Ceuta y Melilla. «Cada vez que Feijóo dice que esto es una emergencia de salud pública, lo primero que tendría que hacer es preguntar al gobierno de la ciudad qué está haciendo», señaló García.
Sobre la tuberculosis, la ministra confirmó la existencia de un caso entre la población migrante que «ya venía con tratamiento, no siendo contagioso». Añadió que otro correspondía a una forma cerebral de la enfermedad —no transmisible por vía respiratoria— y que un tercero afectaba a una persona presente en Ceuta desde antes de la llegada masiva, sometida a un proceso diagnóstico iniciado con anterioridad y que ya ha comenzado tratamiento.
En el caso de la varicela, García habló de tres casos sospechosos: uno, procedente de la Operación Paso del Estrecho —el dispositivo que organiza el tránsito veraniego de personas y vehículos entre la Península y el norte de África—, fue descartado por no guardar relación con la población migrante recién llegada. Los otros dos permanecen ingresados a la espera de confirmación diagnóstica, sin vínculo aparente entre sí ni con el colectivo. La ministra subrayó que «la varicela no está erradicada de nuestro país y existen casos de vez en cuando».
Respecto a la sarna, o escabiosis, García citó un estudio publicado en 2025 en la revista científica Eurosurveillance según el cual esta parasitosis cutánea es más frecuente en España de lo que se pensaba, con mayor incidencia detectada allí donde existen programas de detección más desarrollados, como ocurre en Euskadi. La ministra aportó como contexto que entre 2021 y 2023 se registraron en España 1.529 brotes de sarna, con un total de 11.301 casos, y remarcó que del control de estos episodios «se está encargando el gobierno de la ciudad de Ceuta».
En cuanto a los episodios de gastroenteritis, García reconoció alrededor de 55 casos compatibles con infección por Escherichia coli enteroinvasiva, un brote que atribuyó «muy especialmente» al «consumo de aguas no aptas para el consumo humano dentro de Ceuta» y que, según defendió, se encuentra ya controlado sin nuevos contagios asociados. La ministra insistió en que se trata de patologías presentes de forma habitual en el entorno sanitario español y sujetas a sistemas de vigilancia permanentemente activos, reforzados en situaciones de este tipo.
García defendió que la prioridad inmediata no pasa por medidas de aislamiento sino por «albergar a las personas y dotarlas de las condiciones de higiene y saneamiento básicas asegurando agua potable, acceso a medidas de higiene y comida en condiciones». A su juicio, esa intervención bastaría para controlar «la grandísima mayoría» de los factores de riesgo de que se desarrollen brotes de mayor alcance.
El precedente más inmediato en el debate sobre confinamientos es el de la pandemia de covid-19, cuando el Gobierno aplicó el estado de alarma mediante el Real Decreto 463/2020 para restringir la movilidad de toda la población, una medida excepcional justificada por la vía de transmisión respiratoria del SARS-CoV-2 y su elevada capacidad de contagio comunitario. El criterio epidemiológico estándar distingue ese escenario, de transmisión aérea y generalizada, del que plantean enfermedades como la tuberculosis o la sarna, cuyo contagio exige contacto prolongado o condiciones específicas.
La controversia se enmarca en la tensión política sobre la gestión de la frontera sur, con Ceuta y Melilla como puntos de fricción recurrentes entre el Gobierno central, las autoridades autonómicas y municipales y la oposición. La llegada de decenas de miles de personas en situación irregular en pocas semanas ha presionado la capacidad de acogida de los centros de estancia temporal de inmigrantes (CETI), un fenómeno que se ha repetido de forma cíclica desde los grandes saltos a la valla registrados en la década pasada.
El desenlace inmediato queda pendiente de que el Gobierno de la ciudad autónoma, competente en salud pública, detalle las medidas concretas adoptadas y de que se resuelvan los casos de varicela aún pendientes de confirmación diagnóstica. Cualquier decisión de aislamiento poblacional requeriría, conforme a la Ley Orgánica 3/1986, un fundamento epidemiológico específico y el aval de las autoridades sanitarias competentes, en este caso las ceutíes.
