Según la misiva enviada a la mesa directiva del Senado, la iniciativa propone modificaciones al Presupuesto General de la Nación 2026, aprobado mediante la Ley 2559 de 2025. El primer componente consiste en incorporar recursos por $2.708.426.000.000, correspondientes al recaudo estimado derivado de las medidas tributarias, aduaneras y cambiarias previstas en el Decreto Legislativo 1419 de 2026.
El segundo componente es un traslado presupuestal de $1.200.000.000.000 dentro de la vigencia 2026, que el Gobierno justifica como necesario para prevenir una crisis energética que, según el texto de la cartera, compromete la confiabilidad del suministro del Sistema Interconectado Nacional.
"La iniciativa legislativa propone modificaciones al Presupuesto General de la Nación de la vigencia 2026 aprobado mediante la Ley 2559 de 2025, relacionadas con: incorporar al Presupuesto General de la Nación de la vigencia 2026 recursos por $2.708.426.000.000, correspondientes al recaudo estimado derivado de las medidas tributarias, aduaneras y cambiarias previstas en el Decreto Legislativo 1419 de 2026; y realizar un traslado presupuestal de $1.200.000.000.000 en la presente vigencia 2026, para prevenir la crisis energética que compromete la confiabilidad del suministro del Sistema Interconectado Nacional", dice la carta enviada por el Ministerio de Hacienda al presidente del Senado.
El mecanismo de adición presupuestal está previsto en el Estatuto Orgánico del Presupuesto para ajustar las apropiaciones aprobadas por el Congreso cuando surgen necesidades no contempladas en la ley de presupuesto original, como un desastre natural o un riesgo de desabastecimiento energético. Su trámite requiere el mismo procedimiento legislativo que una ley ordinaria, lo que explica la insistencia de la cartera en acelerar los tiempos.
La solicitud llega en medio de una agenda legislativa apretada en el Capitolio, donde el Congreso adelanta de forma simultánea el trámite de otras iniciativas de gasto público, entre ellas el presupuesto de regalías de $27,5 billones para 2027-2028 que el Gobierno radicó con una reducción del 11 % frente al bienio anterior.
El pulso presupuestal se suma a otros frentes que tensionan la relación entre el Gobierno y el Congreso, en un ambiente marcado por discusiones sobre el manejo de recursos públicos en sectores como la justicia transicional, donde la JEP advirtió que un recorte de $170.000 millones comprometería el acceso a la justicia de las víctimas del conflicto armado.
La solicitud de urgencia manifiesta no garantiza por sí misma un trámite express: corresponde a la mesa directiva del Senado y a las comisiones económicas definir el calendario de discusión de la adición presupuestal, en función de la carga legislativa que enfrenta el Capitolio en lo que resta del periodo ordinario de sesiones.
