Los $821.803 millones radicados por el Ejecutivo ya suponían una reducción de $125.839 millones frente a los $947.642 millones solicitados originalmente para 2027, recordó la jurisdicción. Tras nuevos ejercicios de ajuste interno, la entidad sostiene que aún enfrenta una desfinanciación de $84.633 millones, que según su propio diagnóstico ya obliga a racionar el gasto operativo.
El texto aprobado en primer debate por las comisiones conjuntas del Congreso añade un recorte de $170.000 millones: $140.000 millones de inversión y $30.000 millones de funcionamiento. De mantenerse ese ajuste en el segundo debate, el presupuesto de la jurisdicción quedaría en $651.803 millones para 2027, $129.667 millones menos que el presupuesto vigente de 2026, una caída del 16,6 %.
La reducción en el rubro de inversión dejaría disponibles $34.119 millones frente a los $174.119 millones actuales, según el cálculo de la entidad. Esa diferencia limitaría la realización de audiencias y diligencias en los territorios donde ocurrieron los crímenes, así como la representación jurídica y el acompañamiento psicosocial a las víctimas acreditadas.
La JEP tiene registradas 16.097 víctimas individuales y 444 sujetos colectivos, que representan aproximadamente 634.804 personas. El recorte también comprometería, según la jurisdicción, las garantías de debido proceso y seguridad jurídica de 12.355 comparecientes de las extintas Farc-EP y 4.736 integrantes de la Fuerza Pública que participan en los procesos.
Esquemas de protección para cuatro meses
En el capítulo de funcionamiento, el recorte de $30.000 millones afectaría los esquemas de seguridad de víctimas, testigos, comparecientes y funcionarios. La JEP calcula que, con los recursos disponibles tras el ajuste, solo podría cubrir en promedio cuatro meses de medidas de protección. El recorte también golpearía a la Unidad de Investigación y Acusación, al restringir las investigaciones en territorio, las labores técnico-forenses, el análisis de riesgo y las herramientas para avanzar en los juicios, además de poner en riesgo el monitoreo del cumplimiento de las sanciones propias.
La JEP defendió su gestión presupuestal como argumento ante el Congreso: entre 2024 y julio de 2026 logró ahorros por $21.575 millones mediante cambios logísticos, uso de herramientas virtuales y programación anticipada de audiencias, dentro de un plan institucional de austeridad. Reportó también una ejecución presupuestal superior al 87 % desde 2019 y señaló que siete auditorías de la Contraloría y 14 informes de la Procuraduría no registran hallazgos de corrupción en su contra.
La jurisdicción, nacida del Acuerdo Final de Paz firmado con las Farc en noviembre de 2016 e integrada al Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición mediante el Acto Legislativo 01 de 2017, tramita desde entonces 11 macrocasos sobre los crímenes más graves del conflicto, entre ellos los secuestros de las antiguas Farc y los llamados falsos positivos atribuidos a agentes del Estado. El recorte llega en medio del cierre de esas investigaciones y del inicio de la imposición de las primeras sanciones propias.
La entidad insistió en que su solicitud no busca una ampliación de su mandato ni una prórroga de su vigencia, prevista hasta 2033. Atraviesa, según su propio balance, una etapa decisiva marcada por el cierre de investigaciones en los 11 macrocasos, el avance de los juicios y la implementación de las sanciones propias, procesos que aspira a culminar antes de que expire su plazo legal.
