Los Estudios de Impacto Ambiental constituyen el instrumento técnico que exige la ley panameña para autorizar proyectos con potencial de afectar el entorno, desde construcciones inmobiliarias hasta obras de infraestructura, minería o generación eléctrica. Su aprobación por parte de Miambiente es requisito previo indispensable antes de que cualquier obra pueda iniciar labores, y su resolución —favorable o no— suele marcar el ritmo de ejecución de buena parte de la inversión privada y pública que se mueve en el país.
Según la información divulgada, los EIA se clasifican en tres categorías —I, II y III— de acuerdo con la magnitud del impacto previsto, siendo la categoría III la reservada para los proyectos de mayor envergadura y complejidad técnica. El trámite involucra la revisión de estudios técnicos, consultas públicas cuando corresponde y la emisión de una resolución que aprueba, aprueba con condiciones o rechaza la iniciativa presentada por el promotor.
Miambiente precisó que, del total de 377 estudios resueltos en el primer semestre de este año, 304 recibieron aprobación, una proporción cercana al 80% de los expedientes tramitados en ese lapso. La cifra guarda relación con lo registrado durante todo 2025, cuando la institución procesó y resolvió 943 EIA, de los cuales 717 fueron aprobados —una proporción similar, en torno al 76%—, vinculados a inversiones por más de $5,422 millones y una generación estimada de 32,248 empleos.
La comparación entre ambos periodos sugiere que el ritmo de aprobaciones del primer semestre de 2026 se mantiene en una senda similar a la del año anterior, aunque con un volumen de inversión y empleo asociado proporcionalmente menor, de acuerdo con las cifras reportadas por la propia entidad. Miambiente no detalló, en la información divulgada, el desglose por categoría de estudio ni por sector económico de los proyectos aprobados en este primer semestre, ni ofreció el desglose de los 73 estudios resueltos sin aprobación, ni precisó si correspondieron a rechazos definitivos, desistimientos de los promotores o cierres administrativos por falta de información adicional.
Digitalización y acceso público a los expedientes
Uno de los ejes que la institución subrayó es el avance en la digitalización del proceso de evaluación. Desde el 1 de octubre de 2025, los estudios ingresados se gestionan a través de e-Sevia, el Entorno Digital del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, plataforma que permite la presentación, recepción, registro y seguimiento en línea de los expedientes de las tres categorías, así como la consulta pública de los ya aprobados. Para los estudios resueltos entre 2016 y el 1 de octubre de 2025, la consulta se realiza mediante la plataforma Prefasia, que la institución mantiene como repositorio histórico digital.
La institución informó además que trabaja en la digitalización de más de 11,000 expedientes físicos correspondientes a estudios presentados antes de 2016, un rezago documental que data de años previos a la existencia de plataformas digitales de gestión ambiental. Miambiente prevé completar ese proceso antes del 1 de julio de 2027, con el objetivo declarado de que la totalidad de los EIA resueltos por la institución, sin importar su año de presentación, queden disponibles para consulta pública en línea. La opción de consulta presencial, agregó la entidad, sigue disponible en las sedes a nivel nacional.
La combinación de ambas herramientas busca que cualquier ciudadano, empresa u organización pueda verificar en línea el estatus y contenido de los expedientes sin necesidad de acudir a las oficinas. El acceso a esta información resulta relevante para organizaciones ambientalistas, gremios empresariales y comunidades afectadas por proyectos específicos, sectores que históricamente reflejan tensiones distintas: la actividad privada suele reclamar celeridad en los trámites, mientras que sectores de la sociedad civil exigen mayor rigor en la fiscalización de los impactos.
Las cifras de inversión asociadas a los EIA aprobados —tanto los $1,418 millones del primer semestre de 2026 como los $5,422 millones de todo 2025— corresponden a estimaciones basadas en los montos declarados por los propios promotores en sus estudios, no a desembolsos ya ejecutados ni verificados por una entidad fiscalizadora independiente. Lo mismo aplica a las proyecciones de empleo, calculadas por Miambiente a partir de la información suministrada en cada expediente y sujetas a que los proyectos se construyan y ejecuten en su totalidad.
Esta salvedad es relevante porque la aprobación de un EIA no garantiza que un proyecto efectivamente se materialice: factores como el financiamiento, permisos municipales adicionales, el refrendo de contratos por parte de la Contraloría General en el caso de obras públicas, o cambios en las condiciones de mercado pueden retrasar o cancelar iniciativas que ya cuentan con viabilidad ambiental. Por ello, las cifras de inversión y empleo divulgadas deben entenderse como un indicador de expectativa de actividad económica y no como un resultado consumado.
La evaluación de impacto ambiental ha sido, desde la promulgación de la Ley General de Ambiente en 1998, uno de los mecanismos centrales de control estatal sobre el desarrollo de proyectos con potencial de afectar ecosistemas, cuencas hidrográficas y comunidades. A lo largo de las últimas dos décadas, distintos proyectos de infraestructura, minería y desarrollo inmobiliario han sido objeto de controversias públicas vinculadas precisamente a la forma en que se tramitaron o aprobaron sus respectivos EIA, lo que ha situado a Miambiente bajo escrutinio recurrente. El caso más reciente y de mayor calado fue el de la mina de cobre en Donoso, cuyo contrato la Corte Suprema de Justicia declaró inconstitucional en noviembre de 2023 tras protestas ciudadanas de alcance nacional, un episodio que colocó la fiscalización ambiental en el centro del debate público panameño.
De cara a los próximos meses, la institución mantiene el compromiso de concluir la digitalización de los expedientes anteriores a 2016 antes de julio de 2027, hito que permitiría, según lo señalado por Miambiente, que la totalidad del historial de evaluaciones ambientales del país quede accesible en línea. El cumplimiento de ese calendario, así como la evolución del ritmo de aprobaciones en la segunda mitad de 2026, serán indicadores a seguir para medir tanto la capacidad operativa de la institución como el comportamiento de la inversión vinculada a proyectos con impacto ambiental.