El reclamo central es elevar el salario base médico de 5 a 8 millones de guaraníes —equivalentes a unos 724 y 1,163 euros, respectivamente, según la conversión que consigna la prensa paraguaya—, además de reducir la temporalidad y la precariedad en los contratos del personal contratado. A ello suman la exigencia de material médico en los hospitales y el pago de los festivos ya trabajados.
González defendió que la ola de renuncias no constituye una vía de presión ilegítima. «Esto no es extorsión, esto es una manifestación de insatisfacción del gremio médico. Lo que queremos nosotros es que reaccionen, que den una respuesta, por la población y también por nosotros», declaró la dirigente ante la prensa, en referencia a la falta de avances en la negociación con el Ejecutivo.
Entre quienes formalizaron su salida figura el cirujano pediátrico Ernesto Waldemar Argüello Duarte, que presta servicios en el Hospital de Trauma y en el Hospital Acosta Ñu, dos de los centros de referencia del sistema público. «Yo tengo mi consultorio, voy a ser un médico de barrio y voy a ganar más de lo que me paga esta gente», afirmó el especialista, quien sostuvo que «plata hay donde no se roba», en alusión a un reclamo más amplio sobre la gestión de los recursos del sector.
La respuesta del ministerio: sin cauce para renuncias colectivas
La respuesta oficial llegó por medio del director de Gabinete de Salud Pública, Juan Marcelo Estigarribia, quien explicó que la cartera deberá examinar la documentación entregada antes de darle trámite. Según indicó, las renuncias colectivas no tienen cauce administrativo porque no existe un contrato colectivo de trabajo que ampare la presentación conjunta, de modo que cada caso deberá tratarse de forma individual.
Estigarribia dirigió además críticas hacia la Sociedad Paraguaya de Anestesiología, que había advertido con la expulsión de sus asociados si estos aceptaban ocupar los cargos que quedaran vacantes tras las renuncias. El funcionario calificó esa postura de «arbitraria», al considerar que condiciona la libertad de los profesionales para acceder a las plazas disponibles en el sistema público.
La ministra de Salud Pública y Bienestar Social, María Teresa Barán, se pronunció sobre el fondo del conflicto y calificó de «poco aplicable» la exigencia de elevar el salario médico hasta los 8 millones de guaraníes, sin que trascendieran hasta el momento propuestas alternativas formales por parte del Gobierno.
El diferendo expone las tensiones estructurales del sistema sanitario público paraguayo, que arrastra reclamos por insuficiencia presupuestaria, falta de insumos en los hospitales y alta rotación de personal contratado bajo modalidades temporales, un patrón que se repite en varios sistemas de salud pública de la región sometidos a restricciones fiscales.
La ausencia de un contrato colectivo de trabajo para el sector médico estatal, invocada por Estigarribia para descartar la nota conjunta, revela la carencia de un marco de negociación formal que canalice reclamos gremiales de esta magnitud. Esa laguna obliga a procesar cada dimisión por separado y limita el margen de la administración para responder a una acción coordinada como la registrada este lunes.
Un patrón de conflictos gremiales en la región
Conflictos de naturaleza similar —con paros y amenazas de renuncia masiva del personal médico— se han registrado en años recientes en distintos países latinoamericanos como forma de presión ante la falta de acuerdos salariales. El desenlace de estas disputas suele depender de la capacidad fiscal de cada Estado para atender las demandas sin comprometer el equilibrio de las cuentas públicas, un condicionante que el propio Ejecutivo paraguayo ha esgrimido al considerar «poco aplicable» la mejora reclamada.
De cara a los próximos días, el desenlace dependerá de si el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social convoca una mesa de diálogo formal con Sinamed y otras agrupaciones médicas, y de si las renuncias llegan a formalizarse individualmente o son retiradas en caso de abrirse una negociación salarial concreta.
La disputa entre el gremio médico y las autoridades se mantiene, por tanto, sin resolución a la fecha, mientras la atención en los hospitales públicos afectados por la huelga continúa bajo la incertidumbre que genera la salida potencial de más de 300 profesionales del sistema estatal de salud.