Hay una frase en esa carta que merece leerse dos veces, despacio: «Hay una pena, una carga que he llevado sola en silencio por cuarenta años». Cuatro décadas de silencio no se improvisan ni se ocultan en una publicación de redes sociales la última semana. Se construyen con el paso del tiempo, con la complicidad involuntaria de quienes prefieren no preguntar y de un entorno —familiar, laboral, digital— que celebra la fachada y evita el fondo.
Lo doloroso es que González dejó rastro. Antes de su muerte publicó una fotografía con un golpe en el rostro y expuso que había vivido presunto maltrato físico y psicológico al tratar de rehacer su vida en una nueva relación, tras el proceso de divorcio en el que se encontraba con el padre de sus hijos. Programó, además, mensajes en sus historias de Instagram que se activaron después, y que manifestaban que su dolor había alcanzado su límite. Dejó, en otras palabras, un testimonio público de su propio sufrimiento.
Cabe preguntarse qué mecanismos existen hoy en Panamá para que una denuncia de maltrato expresada en redes se traduzca en una intervención real, y no solo en un duelo colectivo posterior. La pregunta no busca culpables individuales, sino un diagnóstico institucional. El marco legal panameño contempla desde hace años instrumentos de protección: la Ley 82 de 2013, que tipifica el femicidio y sanciona la violencia contra la mujer, y las medidas de protección que pueden dictar los juzgados y el Ministerio Público. La distancia entre esa arquitectura legal y la vida real de las víctimas es, precisamente, el terreno donde se juega su eficacia.
La carta contiene un gesto que desarma cualquier lectura fácil: «Mi ausencia no es culpa de ustedes». Es una frase de una generosidad casi insoportable, porque exime a quienes la rodeaban de una responsabilidad que la sociedad debería asumir en otro plano: no el de la culpa personal, sino el de la reacción tardía ante señales que estuvieron a la vista.
A sus hijos les recordó cuánto los amaba y los animó a perseguir sus sueños, cuidar su corazón y permanecer unidos; se disculpó por «no quedarse más tiempo». A su esposo le agradeció el camino recorrido y reconoció que él fue «un excelente papá». «Nuestro matrimonio no fue perfecto. Porque ningún amor verdadero lo es. Pero estuvo lleno de momentos que valieron toda la vida», escribió. No hay en esas líneas ni rencor ni ajuste de cuentas, pese a las publicaciones previas sobre maltrato en una relación posterior. Hay, más bien, una insistencia en la unidad familiar que contrasta con la soledad de cuarenta años que ella misma describió.
Marín, según relató antes de leer, aclaró que las palabras no correspondían a una interpretación de la familia, sino al testimonio escrito por la propia González. «Las compartimos con profundo respeto, porque pertenecen a su intimidad y reflejan el inmenso amor que sentía por su familia y por sus amigos», expresó el vocero. El sacerdote que ofició la eucaristía reiteró en la homilía un mensaje de esperanza: «La vida no se acaba, se transforma».
Ese consuelo es legítimo dentro del ritual religioso. Pero fuera del templo, en el terreno de la política pública, la transformación exigible es de otra naturaleza: que las denuncias de violencia no dependan de la viralidad de una fotografía y que la respuesta institucional no llegue después del funeral. El Instituto Nacional de la Mujer y el propio Ministerio Público disponen de líneas de atención y protocolos; el problema recurrente, documentado por organizaciones de defensa de las mujeres en Panamá, es que la ruta de protección se activa a menudo cuando el riesgo ya es extremo.
Panamá no es ajena a esta clase de tragedias. Los registros de femicidios que difunden periódicamente las autoridades judiciales muestran, año tras año, que muchas de las víctimas habían tenido algún contacto previo con el sistema o habían dado señales de alerta a su entorno. La pregunta que debería quedar flotando no es sobre un templo en Condado del Rey, sino sobre si las instituciones panameñas están diseñadas para escuchar antes de que el silencio se convierta en la última carta de alguien.
La columna de opinión existe, entre otras cosas, para resistir la tentación de convertir el dolor ajeno en consumo rápido. La carta de González circuló fragmentada, comentada línea por línea por desconocidos. Ese duelo colectivo tiene valor como catarsis social, pero conviene no confundirlo con memoria real. La memoria real exigiría que las autoridades revisaran con rigor lo que ella misma dejó expuesto antes de morir, y que ese examen sirviera para afinar la respuesta ante casos futuros.
Lo que queda no es el escándalo ni la curiosidad morbosa, sino una advertencia sobria: que el dolor documentado en público, con nombre, rostro y fecha, sigue sin garantizar una respuesta a tiempo. González lo escribió con sus propias palabras: «A las personas no les importa hacer daño. No pude cargar más esto». Que esa frase no se quede, también ella, enterrada en el silencio.