El planteamiento parte de una experiencia clínica puntual, pero conecta con un debate sobre las limitaciones de los sistemas de salud para atender la salud mental en el posparto y en los primeros años de crianza. La pediatra sostiene que su labor no se limita a revisar el crecimiento o el sueño de un menor, sino a comprender el estado emocional de toda la familia, y que ese ejercicio de escucha puede tener, en sí mismo, un efecto terapéutico. "Es la primera vez que me siento escuchada y comprendida", le dijo la madre de su paciente, según relata la columna.
El caso que sirve de disparador ocurrió fuera de Panamá. Se trata del juicio a Lindsay Clancy, enfermera de labor y parto en el Massachusetts General Hospital, acusada de estrangular a sus tres hijos —de 5 años, 3 años y 8 meses— en enero de 2023, antes de intentar quitarse la vida. Según la columna, la defensa sostiene que padecía una psicosis posparto severa que la habría privado de responsabilidad penal, mientras que la fiscalía argumenta que actuó con capacidad de distinguir el bien del mal y de manera deliberada. El jurado no había emitido veredicto al momento de redactarse el texto.
Ese proceso, que se sigue en cortes estadounidenses y no guarda relación directa con el sistema panameño, se cita como punto de partida para una reflexión sobre fallas que, según la autora, no son exclusivas de Estados Unidos. La mujer procesada habría recibido, en los cuatro meses previos a los hechos, más de 30 prescripciones correspondientes a 13 medicamentos psiquiátricos distintos, indicados por diferentes profesionales, un dato que la columna presenta como ilustración del riesgo de fragmentación en la atención de casos complejos. La autora subraya que Clancy no era ajena al sistema: era parte de él y buscó ayuda de forma reiterada.
La pediatra identifica tres factores que, a su juicio, explican por qué los sistemas de salud tienden a fallar en estos casos: la presión por atender un alto volumen de pacientes en poco tiempo, el peso de los criterios de las aseguradoras por encima del criterio clínico a la hora de fijar cargas de trabajo, y la fragmentación de la atención entre múltiples especialistas sin una visión integral del paciente. Atribuye estas tres ideas a una reflexión de la psicóloga Kathy Nickerson sobre las fallas del sistema de salud mental estadounidense, y las considera aplicables también a Panamá.
De Massachusetts al consultorio panameño
En Panamá, la atención primaria pediátrica se presta tanto en la red pública —a través de la Caja de Seguro Social y el Ministerio de Salud— como en consultas privadas. La columna no cita estadísticas del Instituto Nacional de Estadística y Censo (INEC) sobre depresión posparto en el país, pero enmarca el problema como una carencia estructural: no existe un mecanismo que incorpore de forma rutinaria la evaluación del estado emocional de las madres durante los controles de salud del menor.
La autora subraya que la gran mayoría de las madres atraviesan, en algún grado, episodios de ansiedad, agotamiento o tristeza tras el nacimiento de un hijo, y que llegar a un extremo como el del caso judicial estadounidense es extremadamente infrecuente. Sin embargo, sostiene que muchas mujeres cargan ese peso emocional en silencio porque las consultas pediátricas suelen centrarse en el sueño o el apetito del bebé, sin que se les pregunte directamente cómo están ellas.
El texto plantea una responsabilidad compartida. Por un lado, la de los profesionales de salud —pediatras, médicos de familia, personal de enfermería— de ampliar la mirada más allá del paciente pediátrico y preguntar por el estado de la madre. Por otro, la de la sociedad y las instituciones de salud de construir mecanismos que no dependan del azar de encontrar, entre varias consultas y tratamientos, a un profesional dispuesto a integrar el cuadro completo y decidir el abordaje correcto.
El tamizaje de la depresión posparto en los controles rutinarios de niño sano es una práctica recomendada internacionalmente por sociedades pediátricas, mediante instrumentos breves aplicados en la consulta. La columna no documenta que exista un protocolo de este tipo implementado de forma sistemática en la red pública panameña, lo que la autora presenta como una brecha entre la recomendación clínica y la práctica cotidiana.
La columna cierra con un llamado directo: a las madres que sientan que la carga las supera, a pedir ayuda sin esperar a que alguien más lo note; y a quienes rodean a una madre reciente, a preguntarle de verdad cómo está. Es un mensaje que, según la autora, no busca alarmar, sino abrir espacio para que la salud mental materna deje de ser un tema periférico en la consulta pediátrica.
La salud mental ha ganado visibilidad en la agenda pública panameña en años recientes, con llamados desde el gremio médico a fortalecer la atención primaria en este ámbito. No se registra todavía, según el material disponible, una discusión legislativa específica en la Asamblea Nacional sobre protocolos obligatorios de tamizaje posparto que obliguen a su aplicación en la red pública.
Mientras el veredicto del caso en Massachusetts seguía pendiente al cierre del texto, la reflexión que deja circulando entre profesionales de salud en Panamá no depende de ese desenlace: apunta a una pregunta que, según sostienen quienes trabajan en pediatría y salud materno-infantil, debería formar parte rutinaria de cualquier consulta de control de niño sano en el país.