La sanidad pública vasca ha sido presentada durante décadas como una de las referencias del Estado en gestión sanitaria autonómica, sostenida por sucesivos gobiernos del PNV desde la culminación de las transferencias sanitarias, completadas en 1988. Ese prestigio convive, según denuncia ELA, con el aumento de las listas de espera, la escasez de profesionales en determinadas especialidades y un malestar laboral que la central sitúa ahora en el centro de su movilización.
El detonante inmediato es el pacto alcanzado recientemente entre Osakidetza y el Sindicato Médico de Euskadi (SME), que introduce mejoras específicas para el colectivo facultativo. Para ELA, ese acuerdo demuestra que «mejorar las condiciones laborales es posible cuando existe voluntad política», y lo esgrime como argumento para reclamar una negociación equivalente que alcance al conjunto de la plantilla y no únicamente a los médicos. El sindicato reclamó la apertura inmediata de esa negociación durante la concentración en San Sebastián.
La central acusó al Departamento de Salud de carecer de voluntad para afrontar «los problemas estructurales de Osakidetza» y censuró que el Gobierno Vasco solo introduzca mejoras cuando ya existe un conflicto abierto.
Rechazo al pacto con los médicos y la propuesta de 2.000 contrataciones
Pese a esgrimir el acuerdo con el SME como prueba de que hay margen y recursos, ELA rechaza su contenido: considera que no resuelve los problemas de fondo del personal facultativo, que fomenta el recurso a las horas extraordinarias y que deja fuera al resto de categorías profesionales. La organización defendió que cualquier mejora retributiva debe ir acompañada de una reducción de la carga asistencial, y no de una mayor disponibilidad horaria.
Como eje de su propuesta, ELA plantea la incorporación de 2.000 profesionales a Osakidetza en los próximos cuatro años, con el objetivo de eliminar de forma progresiva las guardias y la autoconcertación, el mecanismo por el que la sanidad pública contrata servicios adicionales —a menudo en horario extraordinario o mediante conciertos— para reducir las listas de espera.
El Acuerdo Regulador de Condiciones de Trabajo cuya renovación exige ELA es el instrumento que fija, dentro del marco del Estatuto Básico del Empleado Público, las condiciones laborales específicas del personal de Osakidetza: retribuciones, jornada, carrera profesional y organización del trabajo. Su última actualización sustancial se remonta, según el sindicato, a hace más de 17 años, un periodo que ha atravesado la crisis económica de 2008, los recortes sanitarios posteriores y la pandemia de covid-19, que sometió al servicio vasco a una presión asistencial excepcional entre 2020 y 2021.
El déficit de profesionales sanitarios enmarca el conflicto en un debate estatal más amplio. Diversas comunidades autónomas, entre ellas el País Vasco, vienen reportando dificultades para cubrir plazas en especialidades como medicina de familia, pediatría o anestesiología, un fenómeno ligado tanto al relevo generacional de los facultativos como a la competencia salarial con la sanidad privada y con otros sistemas europeos.
Este tipo de tensión entre sindicatos sanitarios y administraciones autonómicas no es inédita en España. Comunidades como Madrid, Cataluña o Andalucía han vivido en los últimos años huelgas prolongadas del personal de atención primaria por motivos similares —sobrecarga asistencial, falta de efectivos y convenios desactualizados—, lo que sitúa el pulso vasco dentro de una tendencia estatal de reivindicaciones en el sector público sanitario.
La estrategia que ELA plantea a partir de ahora pasa por «tejer alianzas» con otros colectivos y sindicatos presentes en Osakidetza para construir un conflicto de mayor alcance que obligue al Gobierno Vasco a negociar un marco común. El sindicato no ha concretado, de momento, un calendario cerrado de jornadas de huelga más allá de la concentración celebrada en San Sebastián.
El desenlace dependerá de si el Ejecutivo autonómico decide abrir una mesa de negociación específica antes de que las movilizaciones se extiendan o se sumen otras centrales del sector, como ha ocurrido en conflictos sanitarios previos en otras comunidades. De no producirse ese movimiento, ELA ha advertido de que mantendrá el conflicto «con la intensidad y la duración necesarias» hasta lograr una negociación que, insiste, debe alcanzar al conjunto de la plantilla de Osakidetza.
