La investigada y Juanpere estaban solos en el apartamento la noche de su muerte. Dos días antes, el arquitecto había acudido a un centro hospitalario porque se encontraba mal y llegó a desvanecerse. Nadie ha podido explicar todavía por qué su pareja no telefoneó a los servicios de emergencias cuando el estado de salud de Juanpere empeoró hasta desembocar en su fallecimiento.
Cuando finalmente llegaron los sanitarios, alertados por un sobrino del arquitecto y no por la propia investigada, Juanpere ya había muerto. Ese desfase entre el agravamiento de los síntomas y el aviso a emergencias es uno de los ejes de la instrucción que lleva a cabo el juzgado de Vielha, que investiga si hubo omisión del deber de socorro o si la mujer precipitó el fallecimiento.
El juez instructor decretó inicialmente prisión provisional con fianza, una medida cautelar orientada a conjurar el riesgo de fuga y no un pronunciamiento sobre la culpabilidad, que corresponde determinar en fases posteriores. Tras abonar la fianza, Belén L. se encuentra ahora en libertad provisional. Según el auto judicial, una eventual condena por el delito investigado podría conllevar penas de hasta 15 años de prisión.
El magistrado ha calificado la relación entre el arquitecto y su pareja como "ciertamente tensa" en las semanas previas al fallecimiento, un extremo que los investigadores tratan de contrastar con el testimonio de allegados y con la documentación médica del ingreso hospitalario previo. Los agentes volcaron en el atestado su percepción del comportamiento de la mujer a su llegada al domicilio.
"Intrusiva, nerviosa y obstaculizadora", describieron los agentes de los Mossos d'Esquadra el estado de ánimo de la investigada en el atestado sobre su actuación en el apartamento de Baqueira.
La instrucción se centra ahora en reconstruir la cronología de las horas previas a la muerte, desde el episodio hospitalario hasta el instante en que el sobrino de Juanpere dio la voz de alarma. Los forenses deberán determinar si una intervención médica más temprana habría podido evitar el desenlace, extremo clave para dilucidar si existió omisión del deber de socorro, que el Código Penal castiga de forma autónoma cuando quien no auxilia estaba obligado a hacerlo.
El caso se inscribe entre los procedimientos que exploran los límites de la responsabilidad penal ante una emergencia médica, un terreno que los tribunales abordan caso por caso según la prueba pericial, como en expedientes donde se revisan decisiones sanitarias: la Fiscalía llegó a reclamar 30.000 euros al IB-Salut por la violación de una paciente en Can Misses.
La causa continúa abierta en el juzgado de Vielha, donde la investigada deberá comparecer en las próximas citaciones mientras se completan las diligencias periciales sobre las circunstancias de la muerte de Juanpere.
