El programa estructura sus propuestas en nueve bloques. Uno de ellos se centra en mejorar la «calidad democrática, convivencia y derecho», y dentro de ese apartado se desarrolla el impulso de una «política migratoria regular, humana y eficaz». El texto defiende que «España necesita una migración ordenada, legal y segura, que responda a sus necesidades demográficas y económicas».
El documento reivindica la gestión socialista desde que el partido llegó al Gobierno, al señalar que ha «ampliado las vías legales para residir y trabajar en España, modernizado la normativa de extranjería y reforzado la cooperación con los países de origen y de tránsito para combatir a las mafias y salvar vidas». Entre los compromisos para una eventual legislatura figura «simplificar los trámites, dar seguridad jurídica, impulsar la contratación en origen, agilizar la homologación de títulos y facilitar el acceso al empleo, para aprovechar el talento de quienes vienen a vivir y trabajar aquí».
El plan busca una integración en «doble sentido», con «derechos y obligaciones para todos», y propone reforzar «la formación, el empleo, la educación y la sanidad» de las personas migrantes. El texto sostiene que «la mejor respuesta al racismo y la xenofobia es una convivencia en igualdad de oportunidades». Para ejecutarlo, el programa recurre a «la colaboración de las administraciones públicas y los agentes sociales», categoría que en España engloba a los sindicatos UGT y CCOO y a las organizaciones empresariales como interlocutores del diálogo social reconocidos en el artículo 7 de la Constitución.
«Favorecer la integración y la convivencia, promoviendo la igualdad de derechos, el cumplimiento de las obligaciones y la participación de las personas migrantes en la sociedad», recoge el programa electoral del PSOE sobre los objetivos del Plan de Integración y Ciudadanía 2026-2030.
El proyecto contempla también «ampliar las vías legales y seguras de protección internacional y reforzar el sistema público de acogida y asilo», con «mecanismos para el reasentamiento y visados humanitarios, financiación estable y atención especializada en salud mental, educación, traducción e integración social». El partido se compromete además a apoyar el «asociacionismo» de la población extranjera y a reforzar «los espacios de participación ciudadana» para impulsar «su implicación en la vida pública».
El apartado de acogida pone el foco en los menores extranjeros no acompañados. El programa promete «garantizar un sistema de acogida digno, robusto y una protección internacional efectiva, reforzando la protección especialmente de los niños, niñas y adolescentes que lleguen solos, situando siempre el interés superior del menor en el centro de nuestra política». El texto también reclama que España siga siendo «un puerto seguro para las personas refugiadas», vinculando la política migratoria «a la cooperación al desarrollo y a la defensa del derecho internacional».
El diálogo social como mecanismo de reparto de fondos públicos no es nuevo: la concertación entre Gobierno, sindicatos y patronal articuló desde 1977 los Pactos de la Moncloa y, en las últimas décadas, los fondos de formación para el empleo gestionados por los agentes sociales han sido objeto de controversia pública y de inspecciones. La propuesta socialista sitúa ahora a esos mismos interlocutores en la ejecución de un plan de integración de migrantes.
La publicación del programa llega en un contexto de intenso debate migratorio, que en los últimos meses ha incluido episodios como la llegada de más de un millar de inmigrantes a El Hierro en 12 embarcaciones en un solo día y propuestas de control fronterizo de otros partidos, como la de Alberto Núñez Feijóo, que ha planteado desplegar el Ejército en la frontera «si Marruecos no nos respeta».
