La misiva sitúa el foco en la singularidad geográfica y estructural de Ceuta: una ciudad autónoma de superficie reducida que cuenta con un único centro hospitalario para atender tanto a su población censada como a la demanda extraordinaria generada por la llegada de personas migrantes. Roviralta advierte de que el sistema afronta «una demanda extraordinaria» con recursos limitados y sostiene, en nombre de la corporación, que la situación ha alcanzado el nivel de una «catástrofe asistencial».
El Colegio subraya que los servicios de Urgencias, Atención Primaria y las distintas especialidades hospitalarias han atendido a todas las personas que lo han requerido, con independencia de su procedencia o situación administrativa. Ese criterio responde al principio de universalidad de la asistencia urgente que rige el sistema público español desde la Ley General de Sanidad de 1986, que obliga a garantizar la atención de urgencia a cualquier persona en territorio español. La organización advierte, no obstante, de que el sistema «no puede mantener indefinidamente una emergencia de esta dimensión con los medios habituales».
El precedente más comparable es la crisis de mayo de 2021, cuando cerca de 8.000 personas cruzaron la frontera con Marruecos hacia Ceuta en apenas dos días, el mayor episodio de este tipo registrado hasta entonces en la ciudad autónoma. Aquella emergencia obligó a habilitar instalaciones improvisadas para dar cobijo a los recién llegados y desató advertencias de asociaciones sanitarias y sociales sobre la capacidad de la red asistencial ceutí. La expresión «catástrofe asistencial» que ahora emplea el Colegio marca un salto respecto a la terminología utilizada en aquellas ocasiones.
El riesgo epidemiológico, en el centro de la advertencia
Uno de los puntos que más peso tiene en la carta es el riesgo de aparición de enfermedades transmisibles, vinculado al hacinamiento, a unas condiciones higiénico-sanitarias que el Colegio califica de insuficientes y al desconocimiento del estado vacunal y epidemiológico de parte de las personas que permanecen en la ciudad. Los facultativos precisan que no se trata de la constatación de un brote ya producido, sino de una alerta preventiva ante circunstancias excepcionales que, según su valoración profesional, podrían facilitar su aparición si no se refuerzan la vigilancia epidemiológica y los protocolos de control sanitario.
Este tipo de advertencias es habitual en contextos de movimientos migratorios masivos y hacinamiento. La evidencia sanitaria internacional atribuye el mayor riesgo de transmisión en estas situaciones no a la condición migrante en sí, sino a factores estructurales como el acceso al agua potable, el saneamiento, la densidad poblacional en los espacios de acogida y la cobertura vacunal, variables que dependen de los recursos que las administraciones destinen a los dispositivos de atención. El COMCE reclama por ello reforzar no solo las urgencias, sino también la prevención, la vigilancia epidemiológica y la capacidad de respuesta.
La carta del Colegio no cuantifica el número de personas que estarían generando la presión asistencial adicional, ni ofrece cifras propias sobre ingresos, urgencias atendidas o listas de espera derivadas de la situación. El Ministerio de Sanidad no ha hecho público un balance detallado de la asistencia prestada en Ceuta durante las últimas semanas ni una respuesta formal a las peticiones de la corporación.
Peticiones concretas al Ministerio
Entre las medidas que reclama el COMCE figuran el envío de personal sanitario adicional —médicos, enfermería y personal auxiliar— así como recursos materiales para ampliar la capacidad de atención sin que ello deteriore la asistencia ordinaria a los residentes. El Colegio pide que las medidas tengan carácter de urgencia y se traduzcan en dispositivos operativos sobre el terreno en un plazo breve. «No basta con gestionar esta crisis desde la distancia», sostiene la organización, que exige al Ministerio «presencia, liderazgo y decisiones inmediatas».
Ceuta parte, según el Colegio, de una posición especialmente vulnerable. Por su condición de ciudad autónoma fronteriza con Marruecos, su sistema sanitario está dimensionado en función de la población censada, sin margen estructural para absorber picos de demanda como los que se producen en episodios de llegadas masivas. A diferencia de las comunidades peninsulares, carece de una red hospitalaria de respaldo cercana a la que derivar pacientes con facilidad, lo que obliga en ocasiones a evacuaciones médicas a la península para casos que requieren atención especializada no disponible en su hospital.
La reclamación de la corporación ceutí se suma a las formuladas de forma recurrente por corporaciones profesionales y sindicatos sanitarios de Ceuta y Melilla, que han señalado la insuficiencia de recursos estructurales en ambas ciudades autónomas frente a episodios migratorios de gran intensidad. La gestión de estos flujos, ligada a la presión sobre la frontera sur de la Unión Europea en el estrecho de Gibraltar y en las vallas de Ceuta y Melilla, ha sido además objeto de fricciones recurrentes entre España y Marruecos y de reclamaciones de España a Bruselas para obtener un mayor respaldo financiero y logístico.
El Ministerio de Sanidad no ha confirmado hasta el momento el envío de refuerzos extraordinarios a Ceuta ni una fecha para una posible visita de la ministra. Tampoco se ha pronunciado públicamente sobre la calificación de «catástrofe asistencial» empleada por el Colegio ni sobre las advertencias relativas al riesgo de enfermedades transmisibles.
Los próximos pasos dependerán de si el Ministerio responde formalmente a la carta, de si se materializan los refuerzos reclamados y de si se produce la visita institucional solicitada. La evolución de la presión asistencial en el hospital ceutí y la eventual aparición de indicadores epidemiológicos concretos serán los elementos que permitirán calibrar, en las próximas semanas, si la advertencia de la corporación se traduce en medidas o si la situación se agrava como teme la organización profesional.
