Alfonso sostuvo que la clave de esa cifra ha sido la «voluntad de implicación» de las administraciones, en un contexto en el que el Cabildo carece de las competencias que la legislación canaria de vivienda atribuye al Gobierno regional. Según su relato, la fórmula ha consistido en articular acuerdos de cooperación con el Ejecutivo autonómico y los consistorios insulares para poner en el mercado inmuebles que de otro modo habrían permanecido fuera del circuito residencial. «El Cabildo, pese a no tener competencias directas, ha movilizado alrededor de 1.200 viviendas en dos años y medio», defendió el dirigente.
Tenerife arrastra desde hace años un problema de acceso a la vivienda que comparte con el resto del archipiélago, agravado por la dependencia del turismo, la limitación física de suelo y la presión sobre el parque residencial derivada de la demanda vacacional. Según el Índice de Precios de Vivienda del INE, Canarias figura de forma recurrente entre las comunidades con mayores incrementos interanuales del precio de la vivienda en los últimos ejercicios, una tendencia que coincide con el repunte del turismo tras la pandemia.
El vicepresidente atribuyó buena parte del deterioro del mercado del alquiler residencial a la Ley por el Derecho a la Vivienda, aprobada en 2023, que introdujo la limitación de las subidas de renta en zonas tensionadas y mecanismos de intervención sobre grandes tenedores. A su juicio, esa normativa ha empujado a propietarios a trasladar sus inmuebles hacia el alquiler turístico, un segmento de mayor rentabilidad a corto plazo, reduciendo aún más la oferta residencial disponible para los vecinos de la isla.
Esa lectura no es unánime. El Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana ha defendido en reiteradas ocasiones que la ley busca frenar la especulación y proteger a los inquilinos frente a subidas desproporcionadas, y ha atribuido la escasez de vivienda asequible a la falta de parque público y a la insuficiente regulación del alquiler turístico, cuya ordenación corresponde a comunidades y ayuntamientos. La declaración de zonas tensionadas prevista en la norma, además, requiere la iniciativa de las propias administraciones autonómicas, extremo que sitúa parte de la aplicación en manos de los gobiernos regionales.
Un pulso competencial sobre la vivienda
El Cabildo de Tenerife, gobernado por una coalición entre el PP y Coalición Canaria, presentó su actuación como un ejercicio de gestión práctica frente a lo que Alfonso describió como un marco legal contraproducente. Esa posición se inserta en la disputa más amplia entre el PP y el Gobierno central sobre las competencias autonómicas y locales en vivienda. El precedente reciente más notorio es Cataluña, primera comunidad en aplicar la limitación de rentas en municipios tensionados, mientras que la Comunidad de Madrid y Andalucía, entre otras gobernadas por el PP, han rechazado activar ese mecanismo, lo que ilustra la fractura territorial en la aplicación de la norma.
Más allá de la vivienda, la entrevista abordó el rumbo del modelo turístico de la isla. Según los datos aportados por el propio vicepresidente, el turismo representa aproximadamente el 35% del Producto Interior Bruto insular y el 40% del empleo directo, cifras que, según Alfonso, explican la cautela con la que el Cabildo aborda cualquier cambio de modelo: «No estamos para hacer grandes experimentos ni para jugar a hacer política con el turismo», afirmó.
Alfonso defendió una transición gradual desde el turismo de sol y playa —basado en mercados como el Reino Unido y Alemania, tradicionalmente los principales emisores hacia Canarias— hacia una oferta centrada en la experiencia del visitante: naturaleza, con el Parque Nacional del Teide como principal reclamo; turismo activo y deportivo; y gastronomía, un ámbito en el que, según señaló, la isla suma «hasta 11 estrellas Michelin». El objetivo, sostuvo, es que la rentabilidad dependa «cada vez más de las experiencias y no exclusivamente del volumen de turistas».
El vicepresidente situó el crecimiento del turismo en el último ejercicio en torno al 3%-4%, una tasa que contrasta con los incrementos de dos dígitos registrados en los años inmediatamente posteriores a la pandemia, cuando el sector recuperaba de forma acelerada el terreno perdido durante las restricciones de movilidad de 2020 y 2021. Ese proceso de moderación, según su diagnóstico, marca el paso de una fase de recuperación a otra de «consolidación de la demanda».
Entre mayo y junio de este año, según relató, se produjo una fluctuación en la afluencia vinculada a la crisis en Oriente Próximo, que generó percepción de inseguridad en algunos mercados emisores e incertidumbre entre las aerolíneas sobre la disponibilidad de queroseno. Una vez normalizado el suministro, aseguró que la demanda se ha recuperado, con las previsiones de la temporada de invierno «prácticamente confirmadas» y las de verano en recuperación progresiva.
Alfonso criticó además a Aena por la subida de tasas aeroportuarias y por lo que calificó de deficiencias en las infraestructuras del aeropuerto de Tenerife Sur, principal puerta de entrada de turistas internacionales a la isla. Las tasas aeroportuarias las fija el operador público estatal dentro del marco tarifario supervisado, y son un asunto recurrente de fricción entre las comunidades con fuerte dependencia turística y el Gobierno central, especialmente en los archipiélagos, donde la conectividad aérea desempeña el papel que la terrestre cumple en la Península. Aena no se pronunció sobre estas afirmaciones concretas.
En el terreno político, el dirigente extendió sus críticas al Ejecutivo al calificar el proyecto de Presupuestos Generales del Estado como una maniobra orientada a prolongar la legislatura, en línea con el discurso que el PP viene sosteniendo desde la investidura de Sánchez en noviembre de 2023, tras unas elecciones generales sin mayoría absoluta para ninguna formación. El Gobierno, por su parte, ha defendido en distintas ocasiones que las cuentas responden a compromisos de inversión y gasto social que requieren tramitación parlamentaria, y ha acusado a la oposición de bloquear su aprobación en el Congreso.
La ausencia de Presupuestos aprobados obliga a prorrogar automáticamente las cuentas del ejercicio anterior, un mecanismo previsto en el artículo 134.4 de la Constitución. En materia de vivienda, la declaración de zonas tensionadas y la regulación del alquiler turístico siguen dependiendo de la iniciativa autonómica y municipal, lo que mantiene la pelota en el tejado de las administraciones que Alfonso reivindica.
De cara a los próximos meses, el Cabildo deberá concretar cómo articula la promesa de mantener el ritmo de movilización de vivienda —los citados 1.200 inmuebles en dos años y medio— con la limitada capacidad competencial que reconoce tener, mientras el Gobierno de Canarias y el Ejecutivo central continúan negociando, cada uno desde su ámbito, el marco regulatorio aplicable al alquiler turístico y a la vivienda asequible en el archipiélago.
