El pacto presupuestario permite a Mazón Llorca disponer de un instrumento propio de gasto tras el acuerdo de investidura y gobierno alcanzado con Vox al inicio de la legislatura. En la Comunitat Valenciana, la aritmética surgida de las urnas obligó al PP a buscar el respaldo de la formación de Abascal para formar Ejecutivo, una fórmula que se ha reproducido con matices en varias comunidades autónomas desde 2023.
La medida incorporada al texto, calificada por la propia formación como su "prioridad nacional", forma parte del ideario que Vox ha trasladado progresivamente a los gobiernos autonómicos donde mantiene acuerdos con el PP. La dirección del partido ha manifestado su voluntad de convertir esa política en una ley de aplicación estatal, para lo que necesitaría una mayoría en el Congreso de los Diputados de la que hoy no dispone.
La izquierda valenciana, integrada por el PSPV-PSOE y Compromís, ha centrado sus críticas en el propio presidente autonómico, al que acusa de haber "rendido" el Gobierno del PP ante Vox a cambio de aprobar las cuentas. Ambas formaciones consideran la operación una prueba de la dependencia del Ejecutivo autonómico respecto de su socio para cualquier iniciativa legislativa de calado.
Desde el entorno del presidente se ha defendido, por el contrario, que el acuerdo responde a la necesidad de dotar a la Comunitat de un marco de estabilidad financiera y de ejecutar las políticas comprometidas en el pacto de investidura. El Ejecutivo autonómico subraya que la aprobación del presupuesto es requisito imprescindible para activar las partidas de sanidad, educación e infraestructuras.
Una comunidad con reivindicación histórica de financiación
La cuestión de la financiación autonómica valenciana arrastra más de una década de reclamaciones. Desde la entrada en vigor del actual sistema de financiación de las comunidades de régimen común, aprobado en 2009, sucesivos gobiernos valencianos de distinto signo han denunciado que la región recibe una financiación por habitante inferior a la media, según las liquidaciones anuales que publica el Ministerio de Hacienda. El modelo, previsto para su revisión periódica, sigue vigente sin reforma pese a los reiterados compromisos de actualización.
El precedente más directo de la fórmula PP-Vox en la Comunitat se remonta a los acuerdos de investidura de la legislatura, cuando Vox condicionó su apoyo a la incorporación de determinadas políticas al pacto de gobierno. El guion reproduce el aplicado en Castilla y León desde 2022, donde la coalición entre ambos partidos —la primera de este tipo en una autonomía— se prolongó con tensiones periódicas por el reparto de competencias antes de su ruptura.
En el plano procedimental, la tramitación de un presupuesto autonómico exige su aprobación por el pleno de las Corts Valencianes, tras el paso previo por ponencia y comisión de Presupuestos, donde se negocian las enmiendas de los grupos. La aprobación del texto para 2026 constituye el primer presupuesto íntegro elaborado por el actual Gobierno valenciano desde su formación.
El difícil camino hacia una ley estatal
El anuncio de Vox de trasladar la medida a escala estatal se produce en un contexto de fragmentación en el Congreso, donde ninguna fuerza dispone de mayoría absoluta desde las elecciones generales de 2023. Para materializarse como ley del Estado, la propuesta debería superar los trámites ordinarios: toma en consideración —si se tramita como proposición de ley—, debate de enmiendas en comisión y votación en el Pleno, además de su paso por el Senado antes de la sanción y publicación en el Boletín Oficial del Estado.
El propio partido ha reconocido que ese proceso podría no ser inmediato, de ahí su expresión de que la ley llegaría "más pronto que tarde". La influencia de Vox sobre políticas concretas en los gobiernos autonómicos del PP se ha reproducido con distinta intensidad en Aragón, Extremadura, Castilla y León y la propia Comunitat Valenciana desde 2023.
En los próximos meses, la atención se desplazará a la ejecución efectiva del presupuesto recién aprobado y al grado de cumplimiento de los compromisos adquiridos con Vox, así como a la eventual presentación de una iniciativa legislativa estatal por la formación de Abascal, que necesitaría sumar apoyos de otros grupos para prosperar en el Congreso.
