El paquete busca, según el propio Gobierno cubano, liberalizar y descentralizar una economía que arrastra años de estancamiento, escasez de divisas y una crisis energética prolongada. Las autoridades han calificado las medidas de "urgentes y necesarias" y han negado en repetidas ocasiones que constituyan una apertura hacia el capitalismo, precisamente el temor que expresan los sectores críticos.
La defensa de la economía socialista centralizada es el argumento principal de estos colectivos, que temen que las reformas terminen abriendo los activos del país al capital privado nacional y extranjero. El medio digital cubano Punto y Aparte publicó un editorial en el que denuncia que algunas de las medidas "implican el retorno del país hacia un régimen capitalista puro y duro, y acentúan las desigualdades", y las calificó de "un acto de rendición de la Revolución Cubana frente a los intereses de la nueva burguesía del país y del capital financiero internacional".
El mismo colectivo editorial criticó "la arrogancia y la mezquindad" de "funcionarios y negociantes que ya han demostrado demasiadas veces no estar a la altura del momento histórico", e instó a la "participación popular" para revisar y modificar el paquete, exhortando a "no seguir en silencio cuando la patria necesita escuchar la voz de todos sus hijos".
La crítica no se limita a medios digitales. Un informe interno atribuido a militantes del Partido Comunista de Cuba (PCC), único partido legal en la isla, titulado "Impulsar el Socialismo desde el Poder Popular", afirma que algunas medidas "rebasan ampliamente lo que históricamente se fijó como admisible e incluso confrontan con lo que han sido las representaciones del socialismo en nuestro pueblo". El documento exige que las transformaciones se debatan abiertamente en las comunidades. En la misma línea se pronunció Alejandro Sánchez, secretario de la Unión de Jóvenes Comunistas (UJC) en la Universidad de La Habana, quien en redes sociales reclamó un poder ejercido no "solamente desde arriba", sino acompañado de "mayor participación" y "control popular".
El rol del nieto de Raúl Castro
El segundo foco de tensión es la figura de Raúl Guillermo Rodríguez Castro, nieto y guardaespaldas del expresidente Raúl Castro, quien ha asumido de manera implícita el papel de referente cubano en los contactos con Estados Unidos sin ocupar ningún cargo formal dentro del Órgano Ejecutivo ni del PCC.
El periodista Michel Torres, presentador del programa de la televisión estatal cubana "Con filo", ha sido uno de los críticos más vocales de ese rol, según una columna de opinión publicada en el medio uruguayo Mate Amargo. En el texto, Torres acusó a Rodríguez Castro de "usurpar las funciones del Gobierno" y de "asumir un rol público" para el que no fue elegido, y advirtió que a Cuba "no la van a salvar los vástagos corrompidos por la estulticia y la frivolidad".
Torres lamentó que se dejase prosperar a perfiles de este tipo por no "atentar contra la unidad", aunque considera que "el ruido que provocan ya es ensordecedor": "No hay arenga o reclamo que calme la indignación que provocan esos frutos del nepotismo 'sociolista': ¿qué justifica su impunidad?".
En declaraciones a la agencia EFE, Torres matizó que en la isla conviven posturas "muy heterogéneas" y defendió que puedan expresarse, "incluso desde posturas críticas o de divergencia", siempre que no se lacere la unidad, pues, sostuvo, "el enemigo no está ni en el Comité Central ni en el Gobierno cubano: el enemigo está en Miami, en Washington". A su juicio, la unidad no debe ser "acrítica", pero sí "monolítica", porque de lo contrario se estaría "regalándole juego a los que quieren ver el final de la revolución".
Este episodio se inscribe en una larga tradición de tensiones internas dentro del comunismo cubano entre las alas más ortodoxas y quienes han impulsado aperturas económicas puntuales. Ocurrió con la legalización parcial del trabajo por cuenta propia en los años noventa, tras la caída de la Unión Soviética y el llamado "periodo especial", y con la actualización del modelo económico que el propio Raúl Castro impulsó a partir de 2008.
Para Panamá, con vínculos comerciales históricos con Cuba y sede de una comunidad cubana, la evolución del proceso reviste interés. La Zona Libre de Colón y el sistema portuario nacional han sido puntos de tránsito recurrentes para el comercio caribeño, de modo que cualquier apertura económica en la isla —o su freno— incide en los flujos regionales que pasan por el país. Cuba, además, no forma parte de la Organización de Estados Americanos desde 1962, un dato relevante en los foros multilaterales en los que participa Panamá.
El desenlace de esta grieta interna dependerá de si las autoridades optan por abrir los espacios de debate que reclaman estos colectivos o por mantener el proceso bajo el control centralizado que ha caracterizado históricamente las decisiones económicas del PCC. La aprobación expedita de las 176 medidas, sin consulta previa amplia según denuncian los críticos, apunta por ahora a que el Gobierno prioriza la celeridad de la implementación sobre el debate público que exigen esos sectores.