Saab, empresario de 54 años nacido en Colombia, había comparecido como "no culpable" el 24 de julio, tras ser deportado el 16 de mayo desde Venezuela por el gobierno interino de Delcy Rodríguez. Su cambio de posición se produjo en la misma corte donde reconoció haber organizado, junto a "altos funcionarios del Gobierno", un esquema de sobornos y pagos ilegales vinculado al Comité Local de Abastecimiento y Producción (CLAP), el programa estatal venezolano de distribución de alimentos, con transferencias de dinero hacia el sur de Florida.
Entre los presuntos cómplices citados en el documento figura José Gregorio Vielma Mora, entonces gobernador chavista del estado Táchira, además de los colombianos Álvaro Pulido Vargas, Emmanuel Enrique Rubio González y Carlos Rolando Lizcano. El acuerdo también menciona a un "co-acusado 1" y un "co-acusado 3" que la fiscalía no identificó públicamente, en referencia a un entramado que Saab admitió haber tejido con "altos miembros del Gobierno de Venezuela".
El pacto, de doce páginas, establece que Saab se compromete a "cooperar plenamente" con el Departamento de Justicia mediante "la aportación de información y testimonio veraces y completos, y la entrega de documentos, registros y otras pruebas" en cualquier juicio o proceso judicial que el Gobierno estadounidense le requiera.
"Asimismo, el procesado acuerda que no protegerá a ninguna persona o entidad mediante información falsa u omisión, que no implicará falsamente a ninguna persona o entidad, y que no cometerá ningún otro delito", establece el pacto suscrito entre Alex Saab y el Departamento de Justicia de Estados Unidos.
La entrega de 195 millones de dólares
Como parte del acuerdo, Saab aceptó entregar 195 millones de dólares en efectivo, propiedades y otros bienes derivados de los delitos que reconoció. La fiscalía le fijó un plazo de catorce días para revelar la totalidad de los activos relacionados con el esquema. El monto supera con holgura las multas ordinarias previstas para el cargo, que el propio documento fija en un máximo de 500,000 dólares.
A cambio de esa cooperación, el Gobierno de Estados Unidos se comprometió a solicitar una sentencia reducida para el exministro de Industria y Producción Nacional de Venezuela, quien de otro modo podría enfrentar hasta 20 años de prisión. El Departamento de Justicia, sin embargo, se reservó el derecho de "evaluar la naturaleza y el alcance de la cooperación del procesado", así como la "calidad e importancia" de la información que aporte, una cláusula que condiciona el beneficio final a cuánto y cómo colabore.
El proceso adquiere una dimensión particular porque se produce después de que Maduro llegara en enero a Nueva York, donde afronta cargos por narcoterrorismo, narcotráfico y posesión de armas ante la justicia estadounidense. El acuerdo divulgado no lo nombra de manera directa, aunque sitúa el esquema de sobornos en 2015, cuando el exgobernante ejercía la presidencia venezolana.
Paparoni ve casos más allá de Maduro
El opositor venezolano Carlos Paparoni, exdiputado y dirigente del partido Primero Justicia, acudió a la audiencia y ofreció una lectura del alcance del pacto que va más allá del caso Maduro. A juicio del dirigente, la trascendencia inmediata del acuerdo radica en que "abre el proceso de colaboración de Alex Saab con las autoridades" estadounidenses.
"Si bien todo el mundo está pensando en este momento en la cooperación de Saab en el caso de Nicolás Maduro, creo que la relevancia es que Saab tiene el secreto y la traza de dinero de muchísimos casos abiertos en Estados Unidos y de miles de casos más que pueden terminar siendo abiertos", afirmó Carlos Paparoni, exdiputado venezolano y dirigente de Primero Justicia, a la salida de la audiencia.
La figura del acuerdo de culpabilidad y cooperación es un instrumento consolidado en la justicia federal estadounidense: el acusado admite el cargo y se compromete a aportar pruebas y testimonio a cambio de una petición fiscal de pena atenuada, siempre bajo la potestad del juez de aceptar o no la recomendación. En la región latinoamericana, mecanismos análogos han destapado tramas transnacionales de corrupción, como la colaboración de directivos de la constructora brasileña Odebrecht a partir de 2016, cuyos testimonios abrieron causas en más de una decena de países.
Saab había pasado años bajo custodia estadounidense antes de este desenlace: detenido en Cabo Verde en junio de 2020 a petición de Washington y extraditado a Estados Unidos en octubre de 2021, fue liberado en diciembre de 2023 en un canje de prisioneros con el gobierno de Nicolás Maduro que permitió el retorno a Estados Unidos de varios ciudadanos detenidos en Venezuela.
La cooperación de Saab, según el propio pacto, deberá extenderse a "cualquier juicio o proceso" que la fiscalía estadounidense decida iniciar con la información que aporte. El acuerdo divulgado, no obstante, no establece vínculo explícito alguno con la causa que enfrenta Maduro en Nueva York.