El deceso ocurrió en una finca dedicada al cultivo de mamón chino, fruta tropical de creciente relevancia en la actividad agrícola de Chiriquí, provincia que concentra buena parte de la producción frutícola no tradicional del país. De acuerdo con la información disponible, el hombre realizaba labores de recolección cuando, presuntamente, entró en contacto con un cable de alta tensión ubicado en las cercanías del área de cultivo. La identidad de la víctima no había sido revelada oficialmente al cierre de esta edición.
La cercanía de cultivos a líneas de transmisión eléctrica constituye un riesgo recurrente en zonas rurales del interior, donde la expansión de fincas y plantaciones no siempre respeta las franjas de servidumbre reservadas junto a los tendidos. Estas servidumbres de paso son porciones de terreno que deben mantenerse libres de construcciones, cultivos altos o actividades que puedan generar contacto accidental con los conductores energizados, precisamente para evitar accidentes como el registrado en Celmira.
El Ministerio Público, a través de la fiscalía correspondiente en Chiriquí, es la instancia llamada a disponer el levantamiento del cadáver y la práctica de la necropsia, procedimiento estándar en casos de muerte accidental conforme al Código Procesal Penal. Los resultados de la autopsia, junto con las pericias técnicas sobre el estado de la línea eléctrica involucrada, resultarán determinantes para establecer si medió negligencia de terceros o si se trató de un hecho fortuito derivado de las condiciones del terreno.
Bugaba, uno de los distritos más extensos de Chiriquí, concentra una intensa actividad agropecuaria que abarca desde cultivos tradicionales como el café y las hortalizas hasta frutales cuya demanda ha crecido en el mercado interno y en circuitos de exportación regional. Esa vocación agrícola convive, en amplios tramos del área rural, con redes de distribución eléctrica cuyo mantenimiento y señalización no siempre alcanzan a la totalidad de las explotaciones dispersas por el interior de la provincia.
Marco de fiscalización y responsabilidades
La supervisión de las condiciones de seguridad en labores cercanas a infraestructura eléctrica involucra a varias instancias. El Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral fiscaliza las condiciones ocupacionales, mientras que la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos (ASEP) regula la prestación del servicio eléctrico. La Empresa de Transmisión Eléctrica (ETESA) y las distribuidoras que operan en la región occidental del país tienen a su cargo el mantenimiento de las líneas y el resguardo de las servidumbres frente a usos que puedan derivar en contacto accidental.
La economía de subsistencia de numerosas familias del interior depende de faenas como la cosecha de frutas, tareas que con frecuencia se realizan sin equipo de protección adecuado ni supervisión técnica sobre los riesgos eléctricos circundantes. La dispersión de las fincas y la antigüedad de parte del tendido rural complican tanto la prevención como la fiscalización efectiva de las distancias de seguridad exigidas por la normativa.
Casos de electrocución vinculados a labores agrícolas no son inéditos en el país. En años anteriores se han reportado incidentes de características similares en provincias de fuerte actividad agropecuaria como Chiriquí, Veraguas y Los Santos, donde la actividad del campo coincide con redes de distribución que, en algunos tramos, presentan deficiencias de mantenimiento o señalización. La ausencia de estadísticas desagregadas y actualizadas sobre electrocuciones en el ámbito rural dificulta, sin embargo, dimensionar con precisión la magnitud del problema.
Las autoridades de Chiriquí no han precisado aún si se abrirán procesos de responsabilidad administrativa contra la distribuidora de energía que opera en el sector de Celmira, ni si el propietario de la finca enfrentará algún señalamiento por las condiciones de trabajo en el predio. Corresponderá a la investigación establecer si en el lugar se respetaban las distancias de seguridad reglamentarias entre el cultivo y el tendido de alta tensión.
El Ministerio Público mantiene abierta la investigación. En los próximos días se espera que se conozcan los primeros resultados de las diligencias periciales sobre el estado de la infraestructura eléctrica involucrada y de la necropsia, elementos que definirán el rumbo del caso y la eventual determinación de responsabilidades administrativas o penales.