El dispositivo de almacenamiento entregado por la propia formación socialista recoge movimientos de efectivo durante siete años de actividad orgánica, entre 2017 y 2024. El pasado diciembre, el instructor decidió blindar el acceso a esa documentación, una medida que impide a las partes personadas conocer el contenido íntegro de la investigación mientras se practican diligencias como la ejecutada este jueves en el organismo fiscalizador.
El recurso al Tribunal de Cuentas —órgano que fiscaliza las cuentas públicas y la financiación de los partidos conforme a la Ley Orgánica 8/2007— apunta a que la instrucción busca contrastar los datos del pendrive con los registros que el PSOE presenta anualmente ante ese organismo. El cotejo entre ambas fuentes permitiría al juez detectar posibles discrepancias entre lo declarado públicamente y lo reflejado en los soportes internos del partido.
El secreto de sumario es una medida habitual en las fases iniciales del proceso penal, cuando el instructor considera que la publicidad del procedimiento podría comprometer diligencias pendientes. Por el momento, no consta que ninguna persona física haya sido formalmente investigada ni procesada en esta causa, centrada en el análisis de la documentación contable aportada por la formación.
El papel del Tribunal de Cuentas como instancia de control de la financiación de los partidos arranca precisamente de la Ley Orgánica 8/2007, que endureció los mecanismos de fiscalización tras los escándalos de financiación irregular de los años noventa. Entre ellos, el caso Filesa, que entre 1991 y 1997 investigó la financiación del propio PSOE a través de una red de empresas pantalla y acabó con condenas del Tribunal Supremo en 1997.
La diligencia practicada este jueves coincide con otros procedimientos que afectan al entorno del Gobierno. En la causa sobre la gestión de la crisis migratoria en Ceuta, el abogado Francisco Javier Pardo, de la asociación Iustitia Europa, ha sostenido que la investigación «puede llegar hasta Sánchez», una valoración de parte sin respaldo en resoluciones judiciales conocidas.
El Tribunal de Cuentas no ha difundido el alcance de la colaboración solicitada por la UCO, y la Audiencia Nacional mantiene el procedimiento bajo secreto, por lo que no trasciende el detalle de la documentación requerida ni el plazo previsto para su análisis. La causa sigue abierta en fase de instrucción ante el juzgado de Ismael Moreno.