Los informes se han incorporado a la causa que instruye la magistrada en la Audiencia Nacional sobre las circunstancias de la crisis fronteriza vivida en la ciudad durante el verano. La Cámara de Comercio ceutí circunscribe sus cálculos exclusivamente al periodo comprendido entre finales de julio y finales de septiembre, sin extender la estimación a meses posteriores ni a proyecciones futuras.
El golpe económico se concentró en los sectores más dependientes del tránsito de personas y mercancías con Marruecos, principal socio comercial de facto de la ciudad por su situación geográfica. El comercio minorista, la hostelería y el tráfico portuario figuran entre las actividades que, según el documento, sufrieron el mayor deterioro durante esos tres meses.
La cifra de 198 millones atribuida a la pérdida de imagen resulta de una metodología que pondera la percepción externa de Ceuta como destino seguro para la inversión y el turismo. La ciudad, con una economía estructuralmente dependiente de su condición fronteriza y de los regímenes fiscales especiales derivados de su Estatuto de Autonomía de 1995, arrastra una vulnerabilidad particular ante episodios de tensión migratoria.
Esa fragilidad quedó patente en mayo de 2021, cuando alrededor de 10.000 personas cruzaron la frontera con Marruecos en apenas 48 horas tras la relajación del control fronterizo marroquí, en lo que entonces fue la mayor entrada irregular registrada en la ciudad. El episodio abrió una crisis diplomática entre Madrid y Rabat y evidenció el impacto que las tensiones fronterizas pueden tener sobre una economía de pequeña escala.
La instrucción abierta ante la Audiencia Nacional investiga la gestión de los flujos migratorios irregulares hacia la ciudad, un asunto que combina competencias estatales en materia de fronteras y extranjería con las consecuencias económicas que recaen sobre la administración local. El Estatuto de Autonomía ceutí no contempla competencias plenas en política migratoria, lo que ha generado fricciones recurrentes entre el Ejecutivo central y las autoridades locales sobre el reparto de responsabilidades y de costes.
Ceuta y Melilla han reclamado históricamente mayor compensación financiera del Estado por su papel como única frontera terrestre de la Unión Europea con el continente africano, condición que comparten y que no tiene equivalente en el resto del territorio nacional. La valoración de daños remitida a la juez Tardón se suma a otros informes y testimonios que conformarán la instrucción.
Los datos aportados por la Cámara de Comercio se limitan, según el propio documento, al trimestre analizado, sin que conste en los informes remitidos a la Audiencia Nacional una proyección sobre la evolución económica de la ciudad en los meses posteriores a septiembre.