El caso se ha dividido en varias piezas: la relativa al deterioro de monumentos ya se ha tramitado como denuncia en los juzgados de instrucción de Plaza de Castilla, cuyo decanato deberá repartirla al juzgado que corresponda por turno. El escrito distingue entre los daños patrimoniales y las presuntas amenazas e injurias contra la presidenta Isabel Díaz Ayuso, que por ahora no constan denunciadas de forma separada.
Entre los bienes afectados figuran la estatua del Oso y el Madroño, obra de Antonio Navarro Santafé de 1967, y la fachada de la Real Casa de Correos, sede de la Presidencia regional, ambos declarados Bien de Interés Cultural. También se menciona la estatua ecuestre de Carlos III. El texto describe los desperfectos como consecuencia de la colocación de pegatinas, pintadas y el sometimiento de las estructuras a pesos no admitidos.
"La colocación de numerosas pegatinas, pintadas vandálicas en sus frontales y sometimiento de las estructuras a pesos no admitidos", describe la denuncia presentada por la Abogacía General de la Comunidad de Madrid.
A los monumentos se suman, según el escrito, los "inmensos daños materiales causados en el alumbrado público, farolas, marquesinas y pavimento de la Puerta del Sol". La Abogacía precisa que "corresponde a los servicios patrimoniales, a quien pertenece cada bien público, el determinar el daño efectivo causado", además de fijar los medios para restituir cada elemento a su estado original.
La Abogacía sostiene que el contenido de esas pegatinas y pintadas "participa de la misma naturaleza ofensiva y amenazante contra la Presidenta de la Comunidad de Madrid". El origen de la acampada se sitúa en la tarde del 26 de septiembre, cuando el Sindicato de Inquilinas e Inquilinos de Madrid convocó una manifestación bajo el lema "Ni una Maricarmen más" y, a partir de las 20 horas, varios asistentes instalaron tiendas sin autorización. Tras un llamamiento en redes, el campamento llegó a concentrar a cientos de personas.
El escrito recoge pancartas y pintadas en las que, según su descripción, "se desea su muerte", se insulta a la presidenta con calificativos como "puta" o "se incita a quemar su vivienda". Destaca un episodio del 30 de septiembre, hacia las 23 horas, en que se proyectó el rostro de Ayuso sobre la fachada de la Real Casa de Correos con una línea roja que lo tachaba y el mensaje "Ayuso, Almeida, iros a la mierda".
Para la Abogacía General, los hechos podrían constituir delitos de amenazas y de injurias graves con publicidad, con agravantes de género e ideología política, sin descartar que lleguen a configurar delitos de odio, "sin perjuicio de una ulterior calificación jurídica más precisa". El escrito recuerda que, en el caso de las injurias contra una autoridad por hechos relacionados con su cargo, la Fiscalía debe actuar de oficio conforme a sus normas. La Comunidad solicita además "la solicitud inmediata de acceso y salvaguarda de las grabaciones" de la videovigilancia de la plaza desde el 26 de septiembre, junto con los partes de intervención policial.
La vía judicial de la Comunidad frente a movilizaciones no es nueva: en el 15-M, la acampada de Sol de 2011 se prolongó durante semanas sin que las autoridades optaran por el desalojo forzoso, en un debate recurrente sobre los límites entre el derecho de reunión y la ocupación del espacio público. El Gobierno regional ha trasladado reclamaciones similares en otros frentes autonómicos, como recogen los partidos canarios al pedir a Sánchez medidas contra las mafias.
La ofensiva judicial no se limita a este escrito ante la Fiscalía. La Comunidad de Madrid ha anunciado que presentará una denuncia penal contra el anterior delegado del Gobierno, Francisco Martín, por un presunto delito de prevaricación administrativa, al no actuar ni desalojar la acampada, y por omisión del deber de perseguir los delitos que, a su juicio, se cometían de forma continuada en la plaza.