Iustitia Europa es una asociación conocida en los últimos años por su papel como acusación popular en procedimientos de notoria repercusión pública. Esa figura procesal está contemplada en el artículo 125 de la Constitución y regulada en la Ley de Enjuiciamiento Criminal, y permite a cualquier ciudadano español ejercer la acción penal sin ser directamente perjudicado por el delito investigado, una vía singular en el derecho comparado europeo.
Pardo sostiene que la causa relacionada con Ceuta mantiene ramificaciones que podrían afectar a la cúpula del Gobierno, incluido el presidente Pedro Sánchez. El episodio remite a mayo de 2021, cuando más de 8.000 personas cruzaron en pocas horas la frontera de la ciudad autónoma, en uno de los momentos de mayor tensión diplomática entre España y Marruecos de la última década.
La formación que preside Pardo se presenta a los comicios del 29 de noviembre con un programa centrado en la reforma del sistema judicial y en el refuerzo de los mecanismos de control sobre el Ejecutivo. Su perfil como litigante en causas de gran repercusión es el principal activo con el que el partido aspira a proyectarse, en una estrategia que convierte la actividad procesal en plataforma de campaña.
El recurso a la acusación popular como trampolín de proyección pública no es inédito en la democracia española. En los años ochenta y noventa, asociaciones y particulares emplearon esta vía en causas de gran notoriedad, desde los procesos por corrupción hasta los sumarios sobre terrorismo de Estado, con resultados dispares en los tribunales y repercusión política para quienes la ejercieron.
La cita electoral llega en un clima de fuerte movilización. Apenas unos días antes, la huelga general del 11-N terminó con disturbios en Madrid y Barcelona, un episodio que ha marcado el arranque de la precampaña.
Las causas vinculadas a la gestión migratoria y fronteriza han sido objeto recurrente de escrutinio parlamentario y judicial en la última legislatura, en paralelo a otros frentes que dominan la agenda. El control migratorio y la vivienda ocupan el centro del debate: en este último, Santiago Abascal ha llegado a afirmar que «el principal fondo buitre es el Gobierno».
La investigación judicial sobre los sucesos de Ceuta sigue su tramitación en los tribunales competentes mientras avanza la campaña hacia el 29 de noviembre, fecha en la que Iustitia Europa someterá a las urnas su propuesta de reforma judicial.