La causa, que instruye Pedraz, investiga una presunta red de financiación irregular vinculada al PSOE que habría operado al margen de los cauces ordinarios del partido. En ese entramado figuran como investigados tanto Oliver Leer, abogado que prestó servicios jurídicos a la formación socialista, como Zarrías, exconsejero de la Junta de Andalucía y exsecretario de Organización del PSOE andaluz, una de las figuras de mayor peso del aparato territorial del partido durante las etapas de Manuel Chaves y José Antonio Griñán.
El hallazgo de los 105.000 euros se enmarca en el traslado de información patrimonial y bancaria que la Agencia Tributaria ha ido remitiendo al juzgado a petición de la instrucción, un procedimiento habitual en causas de presunta corrupción cuando se rastrea el origen y el destino de fondos que no encuentran justificación en la actividad declarada de los investigados. El movimiento detectado conecta directamente a ambos investigados en una operación que la instrucción trata de esclarecer.
Ni Oliver Leer ni Zarrías han sido procesados ni acusados formalmente por este hecho concreto: ambos mantienen la condición de investigados, lo que implica que el juzgado examina indicios sin que exista todavía un relato de hechos consolidado ni una imputación de delito vinculada a esta transferencia. El procedimiento está en fase de instrucción, la etapa en la que el juez reúne pruebas antes de decidir si eleva la causa a juicio oral o la archiva.
El caso Cloacas investiga una presunta estructura de financiación paralela que habría servido para sufragar gastos y operaciones del PSOE fuera de los circuitos de contabilidad fiscalizados por el Tribunal de Cuentas, el órgano que supervisa la financiación de los partidos conforme a la Ley Orgánica de Financiación de los Partidos Políticos. La instrucción de Pedraz ha ido sumando piezas documentales de distintos organismos, entre ellos la Agencia Tributaria, para reconstruir el circuito de pagos.
Zarrías, que ocupó durante años un papel central en la estructura orgánica del PSOE andaluz, ya había sido investigado en el pasado en otras causas vinculadas a la gestión pública andaluza. Oliver Leer, por su parte, había prestado asesoramiento jurídico al partido en distintos asuntos, circunstancia que ahora es objeto de escrutinio en relación con el origen de los fondos.
La investigación se suma a otros procedimientos que en los últimos años han afectado a dirigentes y colaboradores del PSOE, como las aperturas de causas que alcanzaron en su día al exministro José Luis Ábalos, entre las que se cuenta la relacionada con la defensa de Koldo García. La financiación irregular de partidos ya centró en su día el caso Gürtel, cuya sentencia de 2018 declaró probada una caja B en el PP y precipitó la moción de censura contra Mariano Rajoy.
El juzgado continúa analizando la documentación bancaria y fiscal remitida por la Agencia Tributaria para determinar si el pago de 105.000 euros responde a una operación lícita o si se enmarca en el presunto circuito de financiación investigado, sin que por el momento conste una resolución judicial que fije cargos adicionales contra los investigados.