El orden de los acontecimientos es, por sí solo, revelador. Un partido entrega voluntariamente un pendrive con sus cuentas; meses después, ese mismo soporte se convierte en la pieza que empuja a la Guardia Civil a llamar a la puerta del Tribunal de Cuentas. En diciembre se decretó el secreto sumarial; este noviembre, la instrucción se amplía hacia el órgano que fiscaliza la contabilidad de los partidos.
El secreto sumarial, recurso procesal pensado para proteger la instrucción de interferencias, tiene un efecto colateral que rara vez figura en los comunicados: también mantiene al investigado a resguardo de la curiosidad pública mientras dure. Casi un año es tiempo de sobra para que la actualidad pase página. La UCO, en cambio, trabaja con calendarios judiciales, no con ciclos de titulares.
El Tribunal de Cuentas, siguiente parada
Que la investigación llegue ahora al Tribunal de Cuentas no es anecdótico. Es la institución encargada de fiscalizar las cuentas de los partidos políticos en España desde su creación constitucional, el organismo que en teoría debería haber dispuesto de elementos de juicio sobre movimientos de efectivo de esta magnitud temporal —siete años, de 2017 a 2024— antes de que un juez de la Audiencia Nacional tuviera que requerirlos por la vía penal.
El episodio se inscribe en una secuencia de fricciones entre la instrucción judicial y la resistencia administrativa en torno a la cúpula del PSOE y su entorno. En las últimas semanas, una juez de Badajoz frenó la investigación interna de la UCO en el 'caso Hermanísimo' y se conoció que el DAO investigó al teniente coronel Balas pese a creerlo ajeno a la filtración. El patrón es el de instituciones que se cruzan y a veces se frenan mientras el reloj judicial sigue corriendo.
Quien haya seguido la gestión de estas crisis desde Moncloa reconocerá el compás de espera: ante cada nueva diligencia, el silencio se prolonga hasta que resulta insostenible, y entonces llega la explicación medida, rara vez la asunción de responsabilidad. El patrón quedó retratado en el 'manual de crisis' de Moncloa: victimismo, chivo expiatorio y ninguna dimisión en Urda.
Lo que cambia es el destinatario. Antes era un pendrive guardado bajo secreto; ahora, un requerimiento dirigido a quien, por ley, existe para que estas preguntas no terminen en sede penal. El Tribunal de Cuentas fiscaliza la financiación de los partidos españoles, un mandato que, en teoría, debería hacer innecesaria la intervención de la Guardia Civil en casos así. Que haga falta la UCO para activarlo dice tanto del engranaje como del caso concreto.
Queda el hecho desnudo: la Guardia Civil ha pedido al órgano fiscalizador del Estado lo que la Audiencia Nacional mantiene bajo llave desde diciembre. El secreto sumarial sigue vigente; la petición, también.