La controversia se precipitó cuando Nawrocki interrumpió un viaje oficial con destino a Senegal para regresar a Polonia en pleno vuelo, un giro que reflejó la gravedad que el presidente atribuía a la situación en el Constitucional. El episodio, ocurrido el pasado viernes, trasladó a la calle un enfrentamiento que hasta entonces se libraba en despachos y comunicados.
Desde la suspensión, ambos bandos se acusan mutuamente de vulnerar el orden constitucional. Quienes respaldan la medida sostienen que la cúpula saliente del tribunal había actuado de forma contraria a derecho y que la decisión restablece la legalidad. Sus críticos replican que se trata de un golpe de Estado encubierto contra la independencia judicial, ejecutado desde las más altas instancias del Estado.
El sector contrario a Nawrocki eleva la acusación al propio presidente: considera que su intervención para forzar la suspensión de los dos magistrados podría ser constitutiva de delito al carecer de cobertura legal suficiente. Ninguna de las dos posiciones se ha traducido por ahora en una resolución judicial firme que dirima el fondo del conflicto.
El pulso actual no es un hecho aislado. El Tribunal Constitucional polaco arrastra una crisis institucional que se remonta a mediados de la pasada década, cuando sucesivos gobiernos pugnaron por el control del órgano mediante el nombramiento de jueces afines. Aquella disputa derivó en un cuestionamiento reiterado de la legitimidad de distintos magistrados, tanto dentro de Polonia como por instituciones europeas, que abrieron procedimientos por el deterioro del Estado de derecho en el país.
El exjuez del Constitucional Miroslaw Wyrzykowski ha definido con ironía el carácter cíclico del conflicto, una sucesión de forcejeos políticos, acusaciones cruzadas y maniobras procesales que se repiten episodio tras episodio sin que el fondo del problema —quién controla legítimamente la interpretación última de la Constitución polaca— quede resuelto.
"Una telenovela brasileña", Miroslaw Wyrzykowski, exjuez del Tribunal Constitucional de Polonia.
La protesta registrada el lunes ante la sede del tribunal en Varsovia evidenció que el conflicto ha trascendido el ámbito estrictamente jurídico para convertirse en un asunto de movilización ciudadana, con sectores de la sociedad polaca volcados en la calle para expresar su posición sobre la legitimidad de la suspensión y sobre el papel del presidente en la configuración del máximo órgano de garantías constitucionales del país.
El Tribunal Constitucional de Polonia sigue funcionando con su cúpula en entredicho mientras ambos bandos sostienen posiciones irreconciliables sobre quién ha quebrantado el orden institucional. La disputa sobre los límites entre la acción política y la actuación de los tribunales no es exclusiva de Varsovia: en España, por ejemplo, la justicia resolvió recientemente imponer prisión sin fianza al presunto cabecilla de Blocus por riesgo de fuga, aunque se trate de una causa de naturaleza completamente distinta.