Más de mil personas convocadas por 46 colectivos vecinales se concentraron este domingo en Cuenca para protestar contra la proliferación de macrogranjas y plantas industriales de biogás y biometano en Castilla-La Mancha, en una movilización que agrupa a comunidades rurales de distintas provincias de la región bajo una consigna compartida: que sus municipios no se conviertan en lo que denominan un vertedero energético y ganadero.
Por qué importa
La confluencia de 46 colectivos en una sola protesta refleja un patrón de resistencia ciudadana que ha ido organizándose en paralelo a la expansión de proyectos de ganadería intensiva y valorización energética de residuos orgánicos en el interior peninsular. Castilla-La Mancha, con una densidad de población entre las más bajas de España y amplias superficies de suelo rústico, ha concentrado en los últimos años un número creciente de solicitudes de autorización para este tipo de instalaciones, lo que ha activado la respuesta de vecinos que alertan sobre el impacto en acuíferos, calidad del aire y modelo territorial.
Qué reclaman los manifestantes
Los colectivos movilizados rechazan tanto las macrogranjas —explotaciones ganaderas de gran escala con elevada concentración de animales— como las macroplantas de biogás y biometano, instalaciones que tratan residuos orgánicos, incluidos purines y otros subproductos ganaderos, para producir gas renovable. La expresión recogida en la protesta —'no queremos convertirnos en un vertedero'— sintetiza el argumento central de los opositores: que la acumulación de estas infraestructuras traslada a las zonas rurales las cargas ambientales que generan los patrones de consumo urbanos sin distribuir proporcionalmente los beneficios económicos.
Marco regulatorio y competencias
La autorización de este tipo de instalaciones en España corresponde, según el tipo y escala del proyecto, a las comunidades autónomas, que instruyen los procedimientos de evaluación de impacto ambiental previstos en la Ley 21/2013, de evaluación ambiental, y sus equivalentes autonómicos. Las plantas de biogás de cierta potencia pueden requerir además autorización administrativa previa en materia energética, conforme a la legislación sectorial del sector eléctrico y de gases renovables. El Gobierno de Castilla-La Mancha, como administración competente en la región, es el interlocutor directo de las comunidades afectadas en la mayoría de los expedientes en curso.
El debate sobre el biometano
El biogás y el biometano han ganado protagonismo en la agenda energética europea desde la aprobación del Plan REPowerEU en 2022, que fijó objetivos ambiciosos de producción de gas renovable para reducir la dependencia del gas fósil. La Comisión Europea y el Gobierno español los han incluido en sus planes de transición energética como fuente de gas renovable. Sus defensores argumentan que aprovechan residuos ya generados por la actividad ganadera existente y reducen emisiones de metano a la atmósfera. Sus críticos sostienen que el modelo incentiva la concentración ganadera, genera nuevas presiones sobre el territorio y puede contaminar suelos y aguas subterráneas si los sistemas de gestión de digestato —el residuo resultante del proceso— no están correctamente diseñados y controlados.
Antecedentes de movilización
La protesta de Cuenca no es un episodio aislado. En los últimos años, distintas plataformas ciudadanas han protagonizado movilizaciones similares en otras comunidades autónomas con condiciones similares —baja densidad demográfica, suelo disponible y proximidad a corredores logísticos—, articulando una contestación que combina argumentos ambientales, de salud pública y de ordenación del territorio. En varios casos, la presión vecinal ha llevado a ayuntamientos y comunidades autónomas a revisar o paralizar expedientes, aunque sin que se haya producido hasta la fecha un cambio normativo de alcance estatal que establezca límites uniformes a la concentración de este tipo de instalaciones por comarca o cuenca hidrográfica.
Posición de los promotores y la administración
El material disponible no recoge declaraciones de los promotores de los proyectos cuestionados ni de los responsables del Gobierno de Castilla-La Mancha en respuesta a la manifestación.
Próximos pasos
La movilización de este domingo eleva la presión política sobre la Junta de Castilla-La Mancha en un momento en que varios expedientes de autorización se encuentran en distintas fases de tramitación. Los colectivos organizados bajo esta plataforma anunciaron en la concentración su intención de mantener la movilización, aunque el material disponible no especifica convocatorias concretas ni plazos. La capacidad de los movimientos vecinales para trasladar su demanda al debate parlamentario autonómico y, eventualmente, al estatal, determinará si la protesta del domingo marca un punto de inflexión o se incorpora al ciclo de resistencias locales que hasta ahora no han modificado el marco normativo aplicable.
