El alcance de esas restricciones se aprecia en experiencias como la de Najia, empresaria afgana de 47 años y madre de nueve hijos, casada a los 14, que dirige un pequeño taller de conservas de cerezas y ciruelas en una aldea al sur de Kabul. El emprendimiento es uno de los pocos espacios donde mujeres jóvenes todavía pueden adquirir un oficio y generar ingresos en un país donde las niñas tienen prohibido asistir a la escuela después de los 12 años y las mujeres no pueden ingresar a la universidad. Varias de las trabajadoras del taller, incluidas las hijas de Najia, estarían estudiando de no existir esos vetos.
Las regulaciones más recientes obligan a las mujeres a delegar en hombres el traslado de sus productos al mercado, y solo permiten que hombres atiendan los puestos de exhibición en las ferias comerciales. Las autoridades justifican la norma con varios argumentos, entre ellos que las mujeres no llevan el hiyab o el velo que consideran adecuado. "El mundo tiene que hablar con los talibanes de otra manera porque simplemente no está funcionando", afirmó Najia, quien añadió: "La vida de las mujeres afganas tiene que cambiar porque estamos perdiendo la esperanza".
El dilema que enfrenta la comunidad internacional es de fondo: aislar por completo a un régimen que ha consolidado su control territorial y administrativo, o sostener canales de interacción con la esperanza de incidir en sus políticas internas. No hay consenso ni siquiera dentro de los bloques que en teoría comparten prioridades. La respuesta se ha fracturado entre países occidentales, a menudo centrados en los derechos humanos, y otros actores más atentos a las oportunidades de inversión; y el propio Occidente aparece dividido sobre qué hacer. Muchos aceptan ya que, sea lo que sea que se está intentando, no está dando resultado.
Los gobiernos occidentales han tendido a condicionar cualquier normalización a garantías sobre derechos humanos, en particular los de las mujeres. En contraste, otros actores con intereses económicos concretos han priorizado la inversión en sectores como la minería y la energía, relegando a un segundo plano las condiciones de gobernanza interna. El Talibán ha firmado acuerdos en minería, energía y otros ámbitos con Pekín, Moscú, Abu Dabi y Taskent (Uzbekistán), además de otros países vecinos.
Esa actividad comercial convive con un régimen de sanciones internacionales vinculadas al terrorismo y a los derechos humanos que continúa asfixiando la economía afgana. Rusia es hasta ahora el único país que ha reconocido formalmente la soberanía de las autoridades talibanas, que tampoco han logrado ocupar el asiento que reclaman como representantes de Afganistán ante la Organización de las Naciones Unidas en Nueva York, un vacío que se mantiene desde 2021.
La crisis humanitaria se ha agravado por una secuencia de golpes: una prolongada emergencia económica, desastres naturales devastadores, tensiones fronterizas con el vecino Pakistán y el retorno masivo de millones de afganos deportados desde países cercanos y lejanos, lo que ha incrementado la presión sobre recursos ya limitados. Pese a las sanciones y al aislamiento diplomático parcial, el Talibán ha aumentado su confianza y afianzado estructuras de recaudación fiscal y administración que le permiten sostener el control, incluso frente a ataques intermitentes de grupos armados opositores con base en el extranjero y de combatientes del autodenominado Estado Islámico.
Voces divididas y ausencia de un marco de negociación
Son pocas las voces que abogan hoy por un aislamiento absoluto, en buena medida porque la magnitud de la emergencia —con casi la mitad de la población dependiente de ayuda externa— hace temer que un corte total de vínculos agrave el sufrimiento de la población civil, en particular de mujeres y niños. Al mismo tiempo, dentro del bloque occidental no se ha articulado una posición unificada: algunos gobiernos insisten en mantener la presión mediante sanciones y condicionamientos explícitos, mientras otros sostienen que cinco años de aislamiento relativo no han modificado las políticas talibanas hacia las mujeres, argumento que alimenta a quienes proponen fórmulas de interacción más pragmáticas.
No existe hasta la fecha un mecanismo formal de negociación multilateral que aborde de manera integral tanto las preocupaciones de derechos humanos como los intereses económicos en juego. Esa ausencia deja el terreno a negociaciones bilaterales dispersas, cuyo impacto sobre la vida cotidiana de las mujeres afganas continúa siendo escaso.
El debate sobre cómo tratar con un poder no reconocido plenamente tiene precedentes en la propia historia diplomática latinoamericana. Durante la segunda mitad del siglo XX, la comunidad internacional debió relacionarse con gobiernos de facto surgidos de golpes militares en la región mediante fórmulas de reconocimiento parcial o relaciones limitadas, sin normalización plena, un esquema que ilustra las tensiones entre el reconocimiento formal, la presión y la necesidad de mantener canales abiertos.
El reconocimiento diplomático formal, además, ha dejado de ser la única vía de relación: la interacción económica y la asistencia humanitaria operan al margen de él, lo que difumina la frontera entre aislar y dialogar y explica por qué la disyuntiva sigue sin resolverse a cinco años del cambio de poder.
De cara a los próximos meses no se anticipa una salida cercana al dilema. La comunidad internacional continuará debatiendo fórmulas de interacción condicionada, mientras las organizaciones humanitarias insisten en que la ayuda de emergencia no puede quedar supeditada al desenlace de esas negociaciones políticas, dado el riesgo inmediato que enfrenta la población afgana más vulnerable.