La resolución, ya notificada a las dos empresas concursantes, aplaza una de las inversiones previstas para una franja litoral que concentra más de 30.000 plazas hoteleras y un centenar de establecimientos, según los datos manejados por el Ayuntamiento en la memoria del Plan de Seguridad. El proyecto contemplaba pasar de las cámaras actuales a un total de 21, es decir, duplicar la dotación existente.
El concurso contemplaba la instalación de cámaras con tecnología de inteligencia artificial capaces de operar de forma ininterrumpida las 24 horas del día. El contrato incluía además un sistema de grabación de imágenes, licencias de analítica de vídeo y el servicio integral de instalación y puesta en marcha, con despliegue en cinco áreas estratégicas para reforzar la cobertura en primera y segunda línea de playa y en los principales ejes de tránsito.
La Mesa de Contratación optó por excluir a ambos licitadores tras detectar que uno de ellos no acreditaba la solvencia técnica exigida en el pliego, mientras que el segundo no cumplía otros requisitos de la convocatoria. Al no poder adjudicar el contrato a ninguna de las dos ofertas, el órgano de contratación propuso declarar desierto el procedimiento, decisión que la Junta de Gobierno ha refrendado.
Vía de recurso y plazos
El Ayuntamiento ha comunicado a los licitadores excluidos que contra este acuerdo, que agota la vía administrativa, cabe interponer recurso de reposición en el plazo de un mes desde el día siguiente a la notificación. Conforme al régimen de la Ley 39/2015 del Procedimiento Administrativo Común, la vía contencioso-administrativa solo queda expedita una vez resuelto —de forma expresa o por silencio— ese recurso de reposición, lo que en la práctica puede alargar meses cualquier resolución definitiva.
Esa circunstancia introduce incertidumbre sobre los plazos: si alguna de las empresas recurre, la eventual adjudicación se demoraría más allá de lo que resta de temporada estival, y el consistorio deberá decidir si convoca una nueva licitación desde cero o espera a agotar las vías de impugnación antes de relanzar el concurso.
Según el propio expediente municipal, la ausencia de una resolución favorable posterga como mínimo hasta el verano de 2027 la instalación de la ampliación. La Playa de Palma afrontará, por tanto, la temporada turística en curso con la misma dotación de cámaras que en años anteriores, sin el refuerzo tecnológico previsto.
La ampliación formaba parte del Plan de Seguridad de la Playa de Palma, dotado con una inversión global de 3,2 millones de euros para reforzar los medios materiales y los efectivos de la Policía Local en una zona que concentra buena parte de la actividad turística y del ocio nocturno de Baleares durante el verano.
La seguridad en este enclave es un asunto recurrente en la agenda municipal desde hace más de una década, con episodios de conflictividad vinculados al turismo de excesos que han motivado sucesivos planes de choque del Ayuntamiento de Palma y del Govern balear. En los últimos años, distintas administraciones autonómicas y locales han impulsado normativas específicas contra el llamado turismo incívico en esta franja del litoral.
La instalación de cámaras de videovigilancia en espacios públicos en España está sujeta a un marco normativo estricto. La Ley Orgánica 4/1997, que regula la videovigilancia policial en lugares públicos, exige autorización administrativa previa y fines de seguridad ciudadana delimitados, mientras que el tratamiento de las imágenes queda bajo el paraguas de la normativa de protección de datos y la supervisión de la Agencia Española de Protección de Datos. Estos requisitos elevan la complejidad de los pliegos, especialmente cuando incorporan analítica de vídeo con inteligencia artificial.
Los concursos públicos declarados desiertos por defectos de solvencia técnica o económica de las empresas no son inhabituales en la contratación de infraestructuras de seguridad. En sistemas de videovigilancia avanzada, la exigencia combinada de capacidades técnicas, garantías de ciberseguridad y cumplimiento en materia de protección de datos estrecha el número de licitadores capaces de cumplir todos los requisitos del pliego.
A partir de ahora, el calendario dependerá de si las empresas excluidas agotan la vía del recurso de reposición o renuncian a impugnar la decisión, lo que permitiría al Ayuntamiento convocar con mayor celeridad un nuevo procedimiento. Hasta entonces, la Playa de Palma mantendrá el sistema de videovigilancia actual, sin la duplicación de cámaras ni las nuevas capacidades de análisis mediante inteligencia artificial proyectadas.
