El fallo se suma a otra causa, esta vez penal, en la que se reclaman al sindicato hasta 40 millones de euros adicionales por hechos relacionados con el mismo entramado de ayudas. El procedimiento resuelto ahora por el Supremo es contencioso-administrativo y se centra en la obligación de reintegro: la devolución de las cantidades percibidas por UGT para impartir cursos de formación profesional ocupacional, el instrumento con el que la Junta canalizó durante años fondos para la cualificación de parados.
La resolución llega después de que la Justicia condenara a tres años de cárcel y a una multa de 50 millones de euros al exlíder de UGT en Andalucía por fraude en la gestión de subvenciones, en una causa penal paralela vinculada al mismo origen. Esa sentencia estableció responsabilidades personales que ahora se complementan con la exigencia de reintegro de fondos a UGT como entidad beneficiaria de las ayudas.
La vía administrativa que resuelve el alto tribunal gira sobre la figura del reintegro, prevista en la Ley General de Subvenciones: cuando la Administración detecta que una ayuda se concedió o se ejecutó sin cumplir los requisitos legales, puede exigir la devolución de las cantidades percibidas, con independencia de las responsabilidades penales que deriven de los mismos hechos. Es el mecanismo que el Supremo aplica aquí sobre los 18 millones.
El caso se enmarca en el denominado escándalo de los ERE y los cursos de formación, uno de los mayores procesos por corrupción abiertos en una comunidad autónoma desde la Transición, que llevó a juicio a altos cargos, sindicalistas y empresarios por el desvío de ayudas públicas durante la etapa de gobiernos socialistas en la Junta. La instrucción destapó un sistema de concesión de subvenciones sin los controles exigidos por la normativa.
La pieza central de esa trama, el procedimiento específico de los ERE, culminó en 2019 con la condena por el Tribunal Supremo de dos expresidentes andaluces, José Antonio Griñán y Manuel Chaves, entre otros exaltos cargos, por el reparto irregular de ayudas con cargo a un fondo autonómico. A partir de ahí, las distintas ramas del escándalo —los cursos de formación entre ellas— se han ido resolviendo de forma escalonada por las vías penal y contencioso-administrativa.
La condena a devolver los 18 millones se encadena así con una serie de resoluciones que han afectado a estructuras del Partido Socialista y a organizaciones sindicales vinculadas a la gestión pública de la formación en Andalucía, un caso que marcó la política andaluza durante la última década y del que aún penden procedimientos abiertos, como la causa penal con la reclamación de 40 millones al propio sindicato.