La investigación se originó a partir de una denuncia anónima recibida por el Ministerio Público el 2 de mayo de 2025, que alertaba sobre una presunta red dedicada a manipular el sistema e-Tax 2.0 de la DGI para generar y vender de forma fraudulenta créditos fiscales. Esa denuncia mencionaba ya el nombre de Karina Suárez, entonces trabajadora de la sede de La Chorrera de la DGI, descrita como persona cercana a Eduardo Silvestre, quien fungía como jefe de Cuenta Corriente de esa entidad, y a Betzy Rodríguez, otra funcionaria de confianza dentro de la institución.
La aprehensión de Suárez fue ordenada el 7 de julio pasado por el fiscal Dagoberto Alvarado, a cargo de la operación Pandora. En la resolución que sustentó esa orden, el fiscal citó un testimonio según el cual Betzy Rodríguez «en varias ocasiones, iba a la casa de Karina Suárez, en La Chorrera, a buscar altas cantidades de dinero y luego se lo llevaba al señor Eduardo Silvestre», un señalamiento que apuntaba a un circuito de traslado de efectivo entre los presuntos implicados.
Murillo Pimentel, el otro sentenciado, es yerno de Betzy Rodríguez y habría ejercido como testaferro dentro de la estructura, de acuerdo con la investigación fiscal. Murillo y Rodríguez suscribieron el 20 de marzo de 2025 una sociedad denominada A & Consulting Logistic González, S.A., en la que él figura como tesorero y ella como secretaria. La presidencia de esa sociedad recae en Milena Lineth González Rodríguez, hija de Betzy Rodríguez, quien también está imputada en la causa y tiene como medida cautelar la obligación de reportarse los días 15 y 30 de cada mes.
Silvestre y Betzy Rodríguez, señalados como piezas centrales del entramado dentro de la DGI, mantienen actualmente medida cautelar de depósito domiciliario y, según las mismas fuentes, trabajan en acuerdos de colaboración con la Fiscalía Especializada, en un esquema que contempla el suministro de información sobre la red a cambio de condenas más laxas que las que enfrentarían en un juicio ordinario. Los abogados defensores de los imputados no han hecho declaraciones públicas sobre los términos de esas negociaciones.
Una veintena de imputados y nueve en la planilla estatal
El expediente reúne actualmente a una veintena de imputados. La resolución de aprehensión del 7 de julio pasado hace referencia a 19 personas, de las cuales nueve permanecían en la planilla del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) según el corte actualizado al 16 de julio pasado. La mayoría de los señalados guarda detención provisional, mientras que un grupo reducido —entre ellos Lupo González, Angeli Rodríguez y Rina Arza, además de Silvestre y Rodríguez— cumple depósito domiciliario como medida cautelar.
La imputación y detención más recientes recayeron sobre José Miguel Jurado Rovira, a quien la fiscalía atribuye haber tramitado $23 millones en créditos fiscales a través de su sociedad Servicios de Asesoría y Administración Jurado, y de forma paralela haber ingresado $2.3 millones en cuentas de su propiedad. Jurado se entregó voluntariamente a las autoridades, aunque el teléfono celular que portaba en ese momento no fue localizado, un dispositivo que la fiscalía considera clave por la información que podría contener sobre la operativa de la red.
La Fiscalía Especializada mantiene abierta la línea de investigación sobre posibles testaferros adicionales que habrían servido para ocultar el destino de los fondos obtenidos mediante la venta fraudulenta de créditos fiscales. Para ello, los investigadores revisan múltiples mensajes de texto extraídos de los teléfonos incautados a los funcionarios detenidos o colaboradores, entre ellos los de Silvestre, Betzy Rodríguez, Milena González e Irene Cumbrera, esta última otra antigua funcionaria de la DGI imputada y con detención provisional. La sección de informática forense del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses (Imelcf) ya completó el examen de esos dispositivos, cuyo contenido forma parte del material probatorio.
Las sentencias de 48 meses de prisión alcanzadas por Murillo Pimentel y Suárez corresponden a la vía procesal que en el sistema penal acusatorio panameño permite a un imputado admitir los hechos a cambio de una pena negociada con la fiscalía, sin necesidad de llegar a juicio oral. La colaboración eficaz, herramienta habitual del Ministerio Público en causas de crimen organizado, permite reducir penas a cambio de aportar información que desarticule la estructura.
El caso Pandora no es la primera investigación del Ministerio Público sobre irregularidades en la tramitación de créditos fiscales: la fiscalía ha realizado tres operaciones previas relacionadas con el mismo tipo de esquema, lo que ubica el manejo del sistema e-Tax 2.0 como un punto recurrente de vulnerabilidad en la administración tributaria. La fiscalización de estos fondos recae en última instancia en la Contraloría General, cuyo refrendo condiciona la validez de los desembolsos del Estado.
La investigación permanece abierta y el Ministerio Público no ha fijado fecha para que el resto de los imputados —entre ellos quienes mantienen detención provisional— sean llamados a audiencia. El desenlace de los acuerdos de colaboración de Silvestre y Rodríguez, considerados los operadores centrales del esquema dentro de la DGI, será determinante para establecer el alcance total de los créditos fiscales defraudados y el número final de personas que enfrentarán condena en este expediente.