El expediente, tramitado por la Gerencia de Urbanismo, se enmarca en el procedimiento ordinario de concesión de licencias de obra mayor previsto en la normativa urbanística andaluza y en el Plan General de Ordenación Urbanística de la capital. Según la delegación municipal, el suelo sobre el que se proyecta el edificio es de titularidad privada y la promoción se financia sin fondos públicos, dos elementos que la Gerencia esgrime para sostener que la concesión responde a criterios técnicos.
La administración local dispone de un margen limitado para denegar una licencia que cumple los requisitos técnicos y urbanísticos exigidos. El artículo 16 de la Constitución garantiza la libertad religiosa y de culto, y la Ley Orgánica 7/1980, de 5 de julio, de Libertad Religiosa, reconoce a las confesiones el derecho a establecer y mantener lugares de culto. Denegar una licencia ajustada a norma por motivos ajenos al planeamiento expondría al consistorio a un recurso contencioso-administrativo, tal y como ha ocurrido en litigios anteriores sobre centros de culto en España.
La reacción de Vox y la respuesta del PP
Vox, formación que dio su apoyo a la investidura del PP en Sevilla tras las elecciones de mayo de 2023, ha calificado la concesión como una ruptura de la confianza entre ambas formaciones. El partido de Santiago Abascal mantiene una posición contraria a la apertura de nuevas mezquitas que ha defendido en distintos gobiernos autonómicos y municipales donde comparte administración o presta apoyo al PP. Hasta la fecha, Vox no ha precisado si esa ruptura de confianza se traducirá en la retirada del apoyo presupuestario o en un cambio en su relación con el equipo de gobierno.
Desde el PP se ha trasladado que la Alcaldía no puede actuar al margen de la ley y que la concesión obedece a criterios técnicos y no políticos. El equipo de gobierno subraya que aplicar un criterio distinto en función de la confesión religiosa del promotor podría constituir una discriminación contraria al artículo 14 de la Constitución, que consagra la igualdad ante la ley.
El pacto entre ambas formaciones se articuló tras los comicios de mayo de 2023, cuando el PP obtuvo la Alcaldía pero necesitó el respaldo de los concejales de Vox para garantizar la investidura y la estabilidad de la legislatura. Ese acuerdo ha sido puesto a prueba en distintas ocasiones por discrepancias en materias como la política migratoria o la gestión de subvenciones, a las que ahora se suma la controversia urbanística vinculada a un lugar de culto.
Un barrio con déficits estructurales
Las Tres Mil Viviendas, ubicado en el distrito Sur de Sevilla, arrastra desde hace décadas problemas estructurales de exclusión social que han sido objeto de planes específicos de las administraciones autonómica y estatal. Se trata de una de las zonas con menor renta por hogar de la ciudad, un contexto de vulnerabilidad que ha centrado sucesivas intervenciones públicas de rehabilitación urbana y cohesión social.
El debate sobre la apertura de centros de culto islámico no es nuevo en España. En los años ochenta, la construcción de la mezquita de la M-30 en Madrid generó controversia y terminó ejecutándose al no existir causa urbanística que la impidiera. En décadas posteriores, intentos de frenar por vía administrativa proyectos de este tipo en distintos municipios acabaron judicializados, con resoluciones que en su mayoría dieron la razón a las comunidades religiosas cuando el proyecto se ajustaba a la normativa vigente.
La concesión de licencias de obra en Sevilla, como en el resto de municipios, se rige por el principio de reglado: la administración debe otorgarlas cuando el proyecto cumple las condiciones legales, sin que quepa una valoración discrecional de oportunidad política. El procedimiento incluye un trámite de información pública durante el cual los vecinos pueden presentar alegaciones antes de la resolución definitiva.
El episodio se produce en un contexto de competencia electoral entre PP y Vox de cara a las elecciones municipales y autonómicas de mayo de 2027, comicios en los que ambas formaciones disputan buena parte del mismo electorado. Esa proximidad electoral añade una lectura política a una decisión de naturaleza administrativa, en un momento en que la relación entre los dos partidos atraviesa tensiones en distintas instituciones.
El Ayuntamiento no ha comunicado plazos para el inicio de las obras, que deberán ajustarse a las condiciones fijadas en la licencia. La evolución del conflicto dependerá de si ambas formaciones logran encauzar sus discrepancias en el marco de su acuerdo de gobierno; de no hacerlo, la tensión podría condicionar la tramitación de las próximas cuentas municipales, cuya aprobación corresponde al pleno del Ayuntamiento.
