La pesquisa se enmarca en el sistema penal acusatorio, vigente en Panamá desde 2011, que exige el agotamiento de la fase de investigación antes de que la Fiscalía pueda solicitar una audiencia de imputación formal ante los tribunales competentes. Hasta el momento no consta que se haya realizado dicha audiencia ni que existan personas imputadas, por lo que el caso permanece en la etapa preliminar de recolección de indicios y verificación documental.
El nombre de la operación alude a la figura mitológica de la caja de Pandora: un contenedor que, una vez abierto, libera males hasta entonces contenidos. La referencia busca ilustrar cómo, tras años de controles reforzados en la DGI, habría emergido un patrón de posibles irregularidades que gremios profesionales venían advirtiendo, sin que trascendieran hasta ahora en una investigación de este alcance.
De la ventanilla digital a la discrecionalidad del funcionario
Abogados y contadores que gestionan trámites ante la entidad sostienen que la DGI transitó en los últimos años de un modelo ágil y digitalizado hacia procesos que dependen en mayor medida de la voluntad de funcionarios específicos. Trámites como la obtención de un Número de Identificación Tributaria (NIT), códigos de acceso o certificados de paz y salvo, que antes se resolvían en cuestión de horas mediante plataformas electrónicas, hoy pueden extenderse durante semanas o meses, según testimonios de usuarios frecuentes de la institución.
Uno de los puntos más señalados es la exigencia de certificaciones del Registro Público que, conforme a la normativa vigente, la propia DGI estaría facultada a verificar de forma directa, sin necesidad de que el contribuyente las tramite y pague por separado. Fuentes del sector legal sostienen que esa duplicidad no responde a un requisito técnico ni a una disposición expresa, sino a una práctica administrativa consolidada sin que medie una resolución pública que la respalde.
El problema se agudizaría en situaciones sensibles, como la tramitación de un paz y salvo tras el fallecimiento de un contribuyente. Los herederos que requieren liberar una finca o una sociedad inscrita a nombre del causante deben someterse a la evaluación discrecional de un funcionario, sin plazos reglados ni mecanismos de seguimiento electrónico que permitan verificar en qué etapa se encuentra la solicitud.
El silencio del MEF y la fiscalización pendiente
El MEF, del cual depende la DGI, no se ha pronunciado públicamente sobre el contenido específico de la Operación Pandora ni sobre las críticas relativas al retroceso en la digitalización de trámites. Tampoco han trascendido declaraciones de la actual administración de la entidad respecto a los señalamientos gremiales sobre el aumento de los tiempos de respuesta y la reducción de la trazabilidad documental.
La Contraloría General de la República, encargada de fiscalizar el manejo de fondos públicos y de refrendar los contratos estatales, no ha emitido hasta el momento un pronunciamiento específico vinculado a este caso, según la información disponible. El eventual involucramiento del contralor dependerá de si la investigación del Ministerio Público deriva en hallazgos que impliquen manejo irregular de fondos o bienes del Estado sujetos a su competencia.
Panamá cuenta con antecedentes de investigaciones por presunta corrupción en instituciones recaudadoras y de control aduanero, procesos que en el pasado derivaron en imputaciones y, en algunos casos, en condenas tras varios años de trámite judicial. Esos precedentes ilustran que el tránsito de una fase de investigación a una eventual acusación formal puede extenderse considerablemente, dado el volumen de pruebas documentales y periciales que suelen requerirse en causas de naturaleza patrimonial y tributaria.
Especialistas en derecho administrativo han advertido que el exceso de controles manuales, sin el respaldo de plataformas digitales auditables, tiende a generar espacios de discrecionalidad que dificultan la fiscalización externa. La ausencia de trazabilidad electrónica complica tanto el control ciudadano como las propias auditorías internas, que debieran detectar de forma temprana eventuales irregularidades.
El caso llega en un momento en que la modernización tecnológica de la administración tributaria ha sido citada de forma reiterada como objetivo de política pública, tanto por autoridades del MEF como por organismos internacionales que evalúan la facilidad para hacer negocios y el cumplimiento tributario en la región centroamericana. La brecha entre ese objetivo declarado y la práctica cotidiana señalada por los gremios es uno de los elementos que la investigación podría terminar por esclarecer.
El Ministerio Público no ha fijado hasta la fecha un plazo estimado para el cierre de la fase de investigación. El desarrollo del caso dependerá de la recolección de pruebas documentales, periciales contables y testimoniales, así como de la eventual identificación de funcionarios o terceros cuya conducta pudiera derivar en una solicitud de audiencia de imputación ante los tribunales competentes.
Mientras la pesquisa avanza, el debate se ha concentrado en la necesidad de que la DGI retome mecanismos de digitalización y trazabilidad que reduzcan la discrecionalidad administrativa, en línea con las recomendaciones que gremios de abogados y contadores han planteado de forma reiterada ante el MEF en los últimos años.