La Unidad de Asuntos Internos de la Policía Nacional presentará ante el tribunal que juzga la operación Kitchen un informe de 342 páginas que documenta 47 transferencias al comisario jubilado José Manuel Villarejo por un importe total de 1,8 millones de euros, realizadas con cargo a fondos reservados del Ministerio del Interior entre 2013 y 2016. El juicio, que entra esta semana en su quinta jornada de la fase documental, afecta entre otros acusados al expresidente del Gobierno Mariano Rajoy, a la exsecretaria general del PP María Dolores de Cospedal y a la exvicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría. El tribunal ha rechazado los tres recursos de nulidad que presentaron las defensas para impedir la incorporación del documento a la causa.
Por qué importa la fase documental
La relevancia de este tramo del juicio radica en que la prueba documental —a diferencia del testimonio oral— no puede ser matizada ni rectificada por quien la generó. Un registro contable de transferencias con cargo a fondos reservados, elaborado por el propio cuerpo policial encargado del control interno, constituye un soporte probatorio que la Fiscalía Anticorrupción puede confrontar directamente con las declaraciones prestadas por los acusados en las sesiones anteriores. Si las fechas, los importes o los receptores de esos pagos contradicen lo afirmado en sala, el tribunal dispondrá de un elemento objetivo para valorar la credibilidad de cada versión.
El informe de Asuntos Internos y los tres recursos fallidos
La Unidad de Asuntos Internos, órgano de la Dirección General de la Policía Nacional con competencia para investigar la conducta de los miembros del cuerpo, elaboró el informe a partir de la documentación contable y administrativa vinculada a los pagos a Villarejo. Las defensas interpusieron tres recursos de nulidad sucesivos para impedir su incorporación al juicio oral, argumentando —según es habitual en este tipo de impugnaciones— defectos en la cadena de custodia o en la forma de obtención del documento. El tribunal rechazó los tres sin que el material facilitado permita precisar los fundamentos concretos de cada resolución denegatoria.
Qué son los fondos reservados y cómo se fiscalizan
Los fondos reservados son partidas presupuestarias cuyo destino queda exceptuado de los controles ordinarios de publicidad y rendición de cuentas, al amparo de la Ley 11/1995, de 11 de mayo, reguladora de la utilización y control de los créditos destinados a gastos reservados. Su uso corresponde al Ministerio del Interior y a otros departamentos con competencias en seguridad e inteligencia, y su fiscalización parlamentaria se ejerce a través de la Comisión de Gastos Reservados del Congreso, de carácter secreto. La ausencia de control público ordinario hace que cualquier desviación hacia fines distintos de los previstos legalmente —como la financiación de operaciones de espionaje político— revista especial gravedad penal.
La estrategia de la Fiscalía Anticorrupción
La Fiscalía Anticorrupción prepara, en paralelo a la incorporación documental, un informe intermedio centrado en las contradicciones detectadas entre las declaraciones de los distintos acusados. Este tipo de documento, habitual en macrocausas con múltiples imputados y extensas sesiones de prueba, sirve al ministerio público para sistematizar ante el tribunal las inconsistencias que considera probadas antes de que concluya la práctica de la prueba. Su elaboración en esta fase indica que la acusación estima que el material ya incorporado al juicio contiene elementos suficientes para sostener su tesis sin necesidad de aguardar al informe final.
Las posiciones de las partes
Las defensas de Rajoy, Cospedal y Sáenz de Santamaría han articulado su estrategia procesal en torno a la impugnación de la prueba documental, como evidencia el triple recurso de nulidad. Más allá de ese intento de exclusión —frustrado por el tribunal—, el material facilitado no recoge las alegaciones sustantivas con las que cada defensa responde a los hechos descritos en el informe de Asuntos Internos, por lo que no es posible detallar en esta crónica sus argumentos de fondo sin incurrir en especulación. La Fiscalía Anticorrupción, por su parte, ha optado por una presentación escalonada de la prueba que combina el testimonio ya practicado con la acreditación documental de los flujos económicos.
Antecedentes de la causa
La operación Kitchen recibe ese nombre del procedimiento mediante el cual, según la acusación, agentes policiales bajo mando político habrían sustraído documentación comprometedora en poder del extesorero del PP Luis Bárcenas con el fin de proteger a dirigentes del partido. La causa se enmarca en el universo judicial asociado al comisario Villarejo, cuya detención en noviembre de 2017 abrió decenas de piezas separadas en la Audiencia Nacional. El juicio oral por la operación Kitchen constituye uno de los procedimientos de mayor alcance político de cuantos se han celebrado en España en los últimos años, por la jerarquía institucional de los acusados y por el tipo de instrumentos estatales que, según la Fiscalía, habrían sido empleados.
Próximas semanas y cierre prospectivo
La conclusión de la fase documental abrirá el turno de informes finales de las acusaciones y las defensas, momento en que cada parte expondrá su relato global de los hechos y solicitará al tribunal la pena o la absolución que estime procedente. La publicación del informe intermedio de la Fiscalía Anticorrupción, cuya fecha no consta en el material disponible, marcará el ritmo de las próximas sesiones. El tribunal deberá valorar si los 47 pagos documentados por Asuntos Internos guardan relación acreditada con las decisiones adoptadas por los cargos políticos acusados, cuestión que constituye el nudo central de la causa.
