La audiencia, desarrollada este jueves, tuvo como eje la solicitud de la defensa de sustituir la detención provisional por una medida cautelar menos gravosa. La fiscal anticorrupción Jenisbeth Malek se opuso y planteó que la privación de libertad impuesta al exfuncionario el 31 de mayo es proporcional con el delito que se le atribuye. La juez Ortiz coincidió con esa lectura y determinó que la medida continúa siendo necesaria y proporcional.
El sustento de la posición fiscal es un informe de auditoría de la Contraloría General de la República en el que se atribuye a Oliva un enriquecimiento injustificado durante su gestión al frente de la AIG. Según ese informe, elaborado en septiembre de 2025, se detectó un diferencial de $937 mil con relación al monto devengado como funcionario, tras la culminación de su gestión.
La juez Ortiz, al resolver la revisión, consideró que las circunstancias que motivaron la detención en mayo no han variado de forma sustancial y que persisten los riesgos procesales. La resolución no se pronuncia sobre la culpabilidad de Oliva, quien continúa amparado por la presunción de inocencia mientras avanza el proceso.
Al concluir la audiencia, la defensa del exdirector anunció recurso de apelación contra la decisión. El recurso será examinado por el Tribunal Superior de Apelaciones del Primer Distrito Judicial, que fijó la audiencia para el próximo 25 de agosto, a las 8:30 a. m., en el edificio Plaza Fortuna. Ese tribunal deberá determinar si confirma, modifica o revoca la detención provisional.
El origen en el caso Vale Digital
El proceso contra Oliva se remonta a agosto de 2025, cuando fue aprehendido en el marco de una investigación por presuntas irregularidades en el manejo de la plataforma Listo Wallet, utilizada para gestionar los pagos a los beneficiarios del programa Vale Digital del plan Panamá Solidario, orientado a atender a sectores de la población en situación de vulnerabilidad económica.
En esa misma causa figuran también como investigados el empresario Budy Attie, su hermano Ralph Attie y Janice Becerra, quien se desempeñó como asesora de Oliva en la AIG. La defensa de este grupo de investigados sostiene que no hubo lesión patrimonial contra el Estado y que todo se trató de una transacción comercial.
El expediente de Listo Wallet y el que ahora deriva del informe de la Contraloría sobre el patrimonio de Oliva son procesos distintos, aunque conectados por el paso del exfuncionario por la AIG. El delito de enriquecimiento injustificado, tipificado en el Código Penal, exige que la Fiscalía demuestre un incremento patrimonial del funcionario que no pueda justificarse con sus ingresos legítimos durante el ejercicio del cargo.
La Contraloría General de la República ocupa un papel central en la instrucción de este tipo de causas, al ser la entidad facultada para fiscalizar el manejo de fondos públicos —a través del refrendo de los contratos estatales y de las auditorías de gestión— y detectar irregularidades patrimoniales en funcionarios salientes. El informe de septiembre de 2025 que sustenta la imputación se enmarca en esas revisiones a directores de entidades gubernamentales al concluir su gestión.
Las investigaciones por enriquecimiento injustificado contra exfuncionarios de alto perfil no son inéditas en la justicia panameña. Causas similares se han abierto en años pasados contra exdirectores de entidades autónomas y exministros, con resultados dispares: algunas concluyeron en sobreseimientos y otras en acusaciones formales que llegaron a juicio ante los tribunales superiores.
El sistema penal acusatorio, vigente en Panamá, exige que toda detención provisional sea revisada por el juez de garantías a solicitud de la defensa, como ocurrió en esta audiencia. El mecanismo busca evitar que la privación de libertad se prolongue sin que se reevalúen los riesgos procesales que la motivaron originalmente.
El caso de Oliva se mantiene, por ahora, en fase de investigación, sin acusación formal ante un tribunal de juicio. La próxima instancia relevante será la resolución del Tribunal Superior de Apelaciones del Primer Distrito Judicial, prevista para el 25 de agosto, que definirá si la detención provisional se mantiene, se modifica o se revoca mientras continúa la instrucción a cargo del Ministerio Público.