Ferrandis sostuvo que accidentes de este tipo «no deberían poder ocurrir» porque existen «medios técnicos, financieros y organizativos suficientes» para evitarlos, y atribuyó la repetición a quienes fijan prioridades y «escatiman en aplicar los medios requeridos». Según su análisis, la responsabilidad política recae en el titular del ramo, al que situó «en las peores manos posibles» y de cuya continuidad responsabilizó al presidente del Gobierno y al grupo parlamentario socialista.
Su diagnóstico se inscribe en una controversia pública que ya ha trascendido a la oposición. La exalcaldesa de Barcelona Ada Colau exigió a Moncloa la dimisión de Puente «lo antes posible» por Urda, una reclamación que se suma a las que siguieron al descarrilamiento previo y que coloca al ministro en el centro del debate sobre la gestión de la red ferroviaria.
Ferrandis recordó que las llamadas a la dimisión tras el accidente de Adamuz no prosperaron, y vinculó a ese primer episodio la repetición del patrón: «no lo hizo cuando era exigible por primera vez», afirmó sobre el ministro. El economista encuadró esa ausencia de consecuencias en lo que denominó «la irresponsabilidad política de los sucesivos gobiernos de Sánchez».
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, calificó lo ocurrido en Urda de «inasumible», según recogió Ferrandis, quien subrayó que ese adjetivo no se ha traducido en una decisión sobre la continuidad del ministro, al que —según el economista— el propio presidente habría pedido no dimitir. Esa distancia entre la calificación y la ausencia de medidas articula el núcleo de su crítica.
De Urda a la dana de Valencia
Ferrandis enmarcó los descarrilamientos de Urda y Adamuz en una serie más amplia de episodios que, a su juicio, evidencian un deterioro en la gestión de las infraestructuras públicas, entre los que citó también la dana que asoló la provincia de Valencia en 2024 y el apagón eléctrico que dejó sin suministro a buena parte del país. Sobre la riada sostuvo que la capital quedó protegida gracias al desvío del cauce del Turia construido hace cinco décadas, mientras que el sur de la metrópoli se inundó; atribuyó la diferencia a decisiones sobre obras de laminación de avenidas que vinculó al Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero.
El economista del Estado relacionó además el estado de las infraestructuras con la economía: argumentó que el transporte, la energía y el resto de servicios públicos condicionan el funcionamiento de la industria, la agricultura, el comercio y los servicios, y por extensión la evolución de la renta per cápita. «Sin ellas no funciona una economía», afirmó.
Preguntado por precedentes históricos comparables, Ferrandis mencionó dos periodos: la Segunda República, a la que atribuyó el deterioro económico y la conflictividad de aquellos años, y el largo proceso de las desamortizaciones del siglo XIX, que describió como una redistribución de activos desde las «manos muertas». Son, a su juicio, los únicos antecedentes que guardan paralelismo con la situación que denuncia.
El diagnóstico de Ferrandis llega mientras la investigación oficial sobre las causas del siniestro de Urda sigue abierta, un extremo sobre el que el propio economista pidió prudencia al reconocer que «los datos fiables de los que se dispone hasta ahora son pocos».
