El expediente arranca en una resolución adoptada el 20 de mayo de 2025, cuando el Consejo de Gabinete autorizó al ministro de la Presidencia, Juan Carlos Orillac, a presentar ante la Asamblea Nacional la propuesta que fija los nuevos lineamientos de la política nacional sobre biocombustibles. La Resolución de Gabinete 98 fue firmada por Chapman junto al resto de los ministros participantes, sin que constara ninguna manifestación de impedimento por parte del titular de Economía y Finanzas.
El 21 de octubre de 2025, Orillac formalizó la presentación del proyecto ante el Órgano Legislativo. Desde entonces, la iniciativa siguió su curso hasta quedar anotada en la agenda del pleno para su segundo debate, paso previo al tercer debate que, de superarse, dejaría el texto listo para pasar a la sanción del Ejecutivo.
La red de vínculos no se agota en el ministro Chapman. En Calesa figura también como director suplente el abogado Aníbal Galindo, asesor y amigo del mandatario José Raúl Mulino, actualmente en licencia. El agente residente de la empresa es precisamente Alemán, Cordero, Galindo & Lee, la firma forense de la que Galindo es socio fundador.
El expediente adquiere una capa adicional con la presencia del contralor general, Anel Flores, quien participó en la sesión del 30 de septiembre de 2025 con voz, mas no voto, conforme a su rol institucional en el Consejo de Gabinete. Flores presidió hasta el 20 de noviembre de 2024 otro ingenio, la Central Azucarera de Alanje, hoy encabezada por su hermano, Alejandro Flores de la Lastra. Sus hijos, Alejandro y Andrés Flores Icaza, fungen como secretario y tesorero, respectivamente, de la junta directiva de esa empresa.
El propio contralor fue apoderado del ingenio hasta el 20 de mayo de 2025, fecha en que la junta directiva, reunida en David, provincia de Chiriquí, le revocó el poder general. Esa misma jornada se aprobó la resolución que habilitó a Orillac a presentar el proyecto ante la Asamblea Nacional.
Qué prohíbe la Ley 316
El trasfondo normativo es la Ley 316 de 2022, que establece medidas para prevenir y regular los conflictos de intereses en el ejercicio de funciones públicas. La norma incluye entre los sujetos obligados, en primer lugar, a los ministros y viceministros de Estado. Su artículo 8 dispone que estos «deben ejercer sus funciones con independencia de criterio y con equidad, por lo cual no podrán mantener interés particular, laboral, económico o financiero que pudiera estar en conflicto de intereses con el cumplimiento de los deberes y funciones a su cargo». Ante una situación de este tipo, el funcionario debe manifestar su condición y separarse del conocimiento del asunto.
La misma ley obliga a los ministros a presentar, al tomar posesión del cargo, una declaración jurada de intereses particulares ante notario público, en la que deben listar cualquier vínculo con personas o empresas que reciban o presten servicios del Estado o mantengan contratos o concesiones con este, según el artículo 18. El texto permite, además, declarar voluntariamente «todas otras posibles fuentes de conflictos de intereses distintas a las que se detallan en este artículo, así como hechos sobrevinientes».
Se desconoce si Chapman incluyó en esa declaración jurada la participación de su hermano en Calesa y los eventuales beneficios que la empresa obtendría con la aprobación del proyecto de bioetanol. El Ministerio de Economía y Finanzas no se ha referido públicamente a este extremo. Tampoco han emitido pronunciamiento el contralor Flores ni el ministro Orillac sobre los señalamientos de conflicto de interés que rodean el trámite.
El proyecto se enmarca en una discusión más amplia sobre la matriz energética panameña, que combina generación hidroeléctrica, térmica y, de forma creciente, fuentes renovables. La mezcla de combustibles con etanol ha sido promovida en la región como alternativa de menor huella de carbono, aunque su adopción depende de la capacidad de la industria azucarera local para abastecer la demanda proyectada.
El papel del refrendo
La Contraloría General de la República, encabezada por Flores, es la entidad encargada de refrendar los contratos estatales, incluidos aquellos que eventualmente se deriven de una política pública de biocombustibles. Ese papel como refrendario añade una dimensión al expediente: la misma institución que fiscaliza podría tener que pronunciarse sobre acuerdos con empresas ligadas a su entorno familiar reciente.
El cuestionamiento a funcionarios con participación empresarial previa en sectores regulados por sus propios despachos no es nuevo en la vida institucional panameña; fue precisamente esa clase de situaciones la que la Ley 316 buscó acotar tras su promulgación en 2022, en el marco de la revisión del andamiaje de fiscalización sobre el Órgano Ejecutivo.
El proyecto 443 continúa su trámite ordinario en la Asamblea Nacional. De avanzar en segundo debate y posteriormente en tercer debate, pasaría a la sanción del Ejecutivo, encabezado por el mandatario Mulino, para su eventual conversión en ley. Hasta ahora, ninguna de las partes mencionadas ha señalado que exista impedimento legal para continuar el proceso legislativo.