El incendio de Los Gallardos, en el Levante almeriense, se convirtió a finales de julio en uno de los episodios más graves de la temporada de fuegos forestales en España por el número de víctimas mortales. Catorce personas perdieron la vida en unas circunstancias que las familias afectadas y colectivos vecinales reclaman esclarecer en detalle.
Sanz sostuvo que la actuación de la administración autonómica se ajustó a las recomendaciones técnicas disponibles durante la emergencia y reivindicó la «colaboración» institucional como «la mejor actitud a seguir ante las emergencias». El consejero no entró a valorar decisiones concretas sobre el operativo desplegado aquellos días, remitiéndose al criterio de los especialistas que coordinaron la respuesta.
La petición de los afectados, formulada esta semana, reclama a todas las fuerzas con representación en el Parlamento de Andalucía que apoyen la apertura de una comisión parlamentaria con un objetivo doble: determinar la cadena de decisiones adoptadas antes y durante el incendio, y establecer protocolos que impidan la repetición de un episodio de similares características.
El marco para estas comisiones está recogido en el Reglamento del Parlamento de Andalucía, que permite su constitución con el respaldo de la Cámara y las dota de capacidad para requerir la comparecencia de responsables políticos y técnicos, así como el acceso a documentación oficial. Su tramitación depende del apoyo de los grupos parlamentarios, sin que hasta este viernes se haya confirmado una postura conjunta de todas las formaciones.
Las comisiones de investigación tras catástrofes con víctimas mortales cuentan con precedentes en los parlamentos autonómicos y en el Congreso de las últimas décadas, abiertas tras grandes incendios o inundaciones, con resultados desiguales en cuanto a depuración de responsabilidades políticas pero que en varios casos sirvieron para revisar los protocolos de coordinación entre administraciones.
El Gobierno central condiciona las ayudas al balance de daños
En paralelo, el Gobierno central avanzó este viernes que evaluará los daños causados por los incendios en el sector agrario antes de aprobar ayudas específicas para agricultores y ganaderos. El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, evitó ofrecer cifras sobre el impacto económico porque los afectados aún no han podido tramitar los partes de siniestro ante los seguros agrarios.
Planas apeló a la necesidad de un «pacto frente a la emergencia climática» y señaló que el Ejecutivo adoptará «las medidas correspondientes» una vez disponga de «una fotografía de conjunto» sobre los daños. El ministro valoró de forma positiva que varias comunidades autónomas hayan comenzado a suministrar agua y alimento a la cabaña ganadera afectada, en tanto se completa la evaluación de pérdidas.
La ola de incendios de este verano —descrito por fuentes meteorológicas como uno de los más cálidos registrados en el país— ha dejado un mapa de focos activos y ya extinguidos, desde Zamora hasta el Valle del Jerte, Castellón, Ávila o Madrid. En Burgohondo (Ávila), el incendio no registró este jueves variaciones en su perímetro y mantuvo estables las líneas de control tras varios días de trabajo de los equipos de extinción. En la zona del embalse de San Juan (Madrid), los efectivos continuaban este viernes con las labores de enfriamiento.
En Castilla-La Mancha avanza el procedimiento judicial abierto por el incendio de Almorox (Toledo), originado el 22 de julio. Los dos detenidos como presuntos responsables quedaron en libertad provisional tras pasar a disposición judicial, según el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha. El juez titular del Tribunal de Instancia de Torrijos les impuso medidas cautelares, entre ellas la prohibición de salir del país, y ambos permanecen imputados de forma provisional por un presunto delito contra el medioambiente, a la espera de que avance la instrucción.
La combinación de fuegos activos, procesos judiciales abiertos y reclamaciones de comisiones de investigación dibuja un escenario en el que la gestión de la temporada seguirá bajo escrutinio político. En Andalucía, la respuesta de los grupos parlamentarios a la petición de las familias de Los Gallardos será el primer indicador de si la comisión llega a constituirse.
A la espera de esa decisión, el Gobierno central deberá concretar en las próximas semanas el alcance de las ayudas al sector agrario, una vez los agricultores y ganaderos completen la tramitación de los partes de siniestro ante sus aseguradoras. De ese balance dependerá, según Planas, el diseño final del paquete de medidas que el Ejecutivo prevé anunciar.
