La brecha entre lo que ingresa y lo que egresa el Estado define el diagnóstico: el gasto comprometido por ley crece más rápido que la recaudación, mientras los programas sociales del sexenio mantienen su peso en el Presupuesto de Egresos de la Federación. Gutiérrez ubicó las pensiones y jubilaciones, junto con los subsidios y transferencias que incluyen las Pensiones del Bienestar, como el rubro que más tensiona las cuentas públicas.
Gutiérrez detalló que la erogación anual en pensiones formales equivale hoy a 6% del Producto Interno Bruto (PIB), pero para 2030 llegará a 9 por ciento. Ese año, dijo, el rubro superará los 4 billones de pesos, una cifra equivalente a 40% del presupuesto de ingresos proyectado para 2027.
"Hoy, la erogación anual de pensiones formales representa 6% del Producto Interno Bruto (PIB), pero para el 2030 alcanzará 9% del PIB. Tan solo este rubro rebasará 4 billones de pesos ese año, lo que significa 40% del total del presupuesto de ingresos para el 2027. Hoy no hay crecimiento para generar suficientes ingresos para solventar tan solo esta obligación futura, sino que se está gastando mucho en programas sociales y proyectos no rentables", aseveró Gabriela Gutiérrez, presidenta del IMEF.
El trasfondo demográfico que sostiene la advertencia quedó documentado en la Encuesta Intercensal del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), divulgada semanas atrás. El estudio confirmó que la edad mediana de la población pasó de 29 a 32 años entre 2020 y 2025, con una reducción relativa de los grupos de menor edad y una mayor participación de personas adultas y adultas mayores en la composición demográfica nacional.
La natalidad acompañó esa tendencia a la baja: el promedio de hijas e hijos por mujer pasó de 2.1 en 2020 a cerca de 1.9 el año pasado. El patrón sitúa a México en una trayectoria similar a la de otras economías de América Latina que han visto acelerarse su transición demográfica en menos de una generación, con menos cotizantes activos por cada pensionado.
La advertencia tiene antecedentes en el propio diseño del sistema de pensiones mexicano. La reforma de 1997 sustituyó el esquema de reparto por cuentas individuales administradas por las Afores, precisamente ante el temor de que el envejecimiento hiciera inviable el modelo previo; casi tres décadas después, el gasto en pensiones en curso de pago sigue creciendo por encima de los ingresos del Estado.
Gutiérrez fue explícita al calificar parte del gasto en programas sociales y proyectos de baja rentabilidad como un "desperdicio de recursos" que compromete tanto la seguridad social presente como la de 2030. La presidenta del IMEF vinculó ese diagnóstico con el recorte de calificación que la agencia HR Ratings aplicó a la deuda soberana de México la semana pasada.
"No es que sigamos siendo grado de inversión hoy a la luz de estas degradaciones, lo importante es que dejaremos de serlo antes del 2030 y se nos dificultará más como país financiar las necesidades sociales a finales de esta década", dijo Gabriela Gutiérrez, presidenta del IMEF.
Recorte de HR Ratings a BBB
HR Ratings bajó la nota de la deuda mexicana a "BBB" con perspectiva Estable, citando un deterioro en los principales balances fiscales del país y un crecimiento económico débil. La calificadora documentó que 2026 es el segundo año consecutivo en que el gobierno busca reducir el déficit fiscal, luego de que en 2024 se alcanzara un nivel histórico de 5.8% del PIB.
Según las proyecciones de la propia Secretaría de Hacienda, el cierre de este año ubicaría el déficit en 4.1% del PIB, tras haber terminado 2025 en 4.8 por ciento. HR Ratings, sin embargo, calcula un escenario más conservador: 4.6% del PIB al cierre de 2026, lo que implicaría cinco años consecutivos con déficits superiores a 4 por ciento.
"Si bien reconocemos el esfuerzo por parte de la Secretaría de Hacienda de contener el déficit del sector público desde el histórico alcanzado en el 2024, lo anterior no ha sido suficiente para reducir el nivel de los Requerimientos Financieros del Sector Público (RFSP) por debajo de 4% del PIB", señaló HR Ratings.
Los Requerimientos Financieros del Sector Público (RFSP) son el indicador más amplio de las necesidades de financiamiento del gobierno. A la presión de las pensiones se suma el servicio de la deuda pública, que concentra el pago de intereses y otros compromisos: entre enero y agosto el gobierno destinó 822,502 millones de pesos a ese rubro, una caída de 3.5% frente al mismo periodo del año anterior, de acuerdo con cifras de Hacienda citadas por el IMEF.
Para HR Ratings, la salida pasa por acelerar el crecimiento económico. La calificadora planteó que México necesitaría tasas superiores a 2.5% anual para aliviar las presiones del gasto en transferencias, subsidios, servicios personales y otros rubros corrientes, un umbral que el país no ha alcanzado de forma sostenida pese al repunte de sectores como el manufacturero, que en paralelo redirige producción hacia el mercado interno ante la caída de exportaciones a EU.
"Reconocemos el esfuerzo por incrementar el nivel de ingresos, especialmente los tributarios. No obstante, esto necesita estar acompañado de un mayor avance de la actividad económica respecto al observado, con niveles superiores a 2.5% anual, lo que podría ayudar a mitigar las fuertes presiones de gasto por transferencias, subsidios, servicios personales y otros corrientes", añadió HR Ratings.