La primera mesa se celebró en instalaciones de la universidad y reunió a integrantes de la Comisión Paritaria de Acompañamiento y Seguimiento del caso Zoquiapan, adscrita a la División de Ciencias Forestales (DICIFO), con legisladores de las tres bancadas. El objetivo inmediato es liberar el paso hacia un predio que la comunidad universitaria considera indispensable para la formación de sus estudiantes.
La Estación Forestal Experimental Zoquiapan es un predio boscoso de mil 640 hectáreas que opera como laboratorio vivo de la Universidad Autónoma Chapingo desde la fundación de la institución, en agosto de 1972. Ahí se desarrollan investigaciones sobre ecosistemas forestales, en particular bosques de oyamel y pino, además de proyectos de conservación ambiental que forman parte del plan de estudios de la casa de estudios.
El predio cumplió un año bloqueado por presuntos ejidatarios de la comunidad vecina de Río Frío, quienes disputan la posesión jurídica y el uso de las tierras, según expusieron los participantes en la mesa. El cierre ha impedido por completo el acceso a las prácticas de campo y frenado la titulación de cientos de estudiantes de la división forestal, de acuerdo con lo expuesto por los académicos.
Los representantes de la comunidad universitaria pidieron el respaldo del Congreso de la Unión para superar el conflicto y proteger las funciones académicas y científicas de la universidad. Los asistentes acordaron explorar alternativas de solución por la vía del diálogo y los canales institucionales, en paralelo a las acciones legales que ya llevan adelante las autoridades correspondientes.
Cuanalo Araujo manifestó su disposición a acompañar a estudiantes y docentes en la búsqueda de acuerdos que resguarden los derechos de la institución, con el fin de atender el conflicto y favorecer la continuidad de las actividades educativas, científicas y ambientales que se realizan en la estación forestal.
Los conflictos por la tenencia de la tierra entre ejidos y comunidades agrarias arrastran una historia larga en el país: la Ley Agraria vigente desde 1992 y los tribunales agrarios son las instancias que dirimen la posesión y el uso de predios en disputa, un terreno en el que suelen cruzarse títulos ejidales, derechos de propiedad y usos institucionales como el académico. El caso de Chapingo se inscribe en esa tensión, que en otros episodios recientes ha enfrentado a comunidades con dependencias federales, como ocurrió cuando los yaquis de Loma de Guamúchil exigieron a la Conagua respetar su territorio.
La mesa de trabajo instalada en Chapingo quedó como el mecanismo formal para dar seguimiento al caso. Los participantes acordaron que el diálogo y las vías institucionales avancen de manera paralela a las acciones legales en curso, con el fin de restablecer el acceso a la estación forestal.
