La orden judicial, firmada el viernes según el Miami Herald, proviene de una investigación de las autoridades de Florida sobre el papel de Castro —entonces ministro de las Fuerzas Armadas Revolucionarias— en el derribo de las dos aeronaves civiles, atribuido a cazas cubanos que habrían actuado sobre aguas internacionales de acuerdo con las denuncias judiciales presentadas en el caso.
El fiscal general de Florida, James Uthmeier, tiene previsto ofrecer este lunes una rueda de prensa en Miami para informar sobre la orden de arresto estatal, en lo que constituiría la primera comparecencia pública de las autoridades de ese estado desde que el expediente se reabrió.
De acuerdo con la investigación reportada, espías cubanos que operaban en territorio de Florida habrían recopilado información sobre los vuelos de Hermanos al Rescate —organización con sede en Miami dedicada a localizar y auxiliar a cubanos que intentaban huir de la isla por mar— y transmitido esos datos a las autoridades militares cubanas, lo que habría facilitado el ataque contra las avionetas.
La orden estatal llega tres décadas después de los hechos y se suma a la acusación formal presentada en mayo pasado por la justicia federal estadounidense contra Castro, que incluyó cargos de asesinato y conspiración para matar a ciudadanos de ese país por el mismo episodio. Florida reabrió el caso en marzo, según los reportes, sin que conste una vía de ejecución material de la orden sobre territorio cubano.
El derribo de 1996 tensó por años las relaciones entre Washington y La Habana: el entonces presidente Bill Clinton firmó ese año la Ley Helms-Burton, que codificó y endureció el embargo a Cuba, en respuesta directa al ataque contra las avionetas de Hermanos al Rescate.
La orden de arresto se produce en un contexto de creciente presión de la administración del presidente estadounidense, Donald Trump, sobre el gobierno cubano, con nuevas medidas contra figuras vinculadas a la isla y un endurecimiento de sanciones que coincide con la crisis económica que atraviesa Cuba, de acuerdo con el Miami Herald.
El gobierno de México ha respondido en el pasado a cuestionamientos sobre presuntos vínculos de la familia Castro con el país, luego de que el New York Times señalara nexos entre un nieto de Raúl Castro y redes de tráfico de personas; en esa ocasión, las autoridades mexicanas señalaron que no contaban con información ni pruebas al respecto. La judicialización de hechos con componentes de inteligencia y actores extranjeros es también eje de otros procesos recientes, como el que liga a dos exfiscales de Chihuahua con un operativo vinculado a la CIA.
Raúl Castro, de 95 años, no ha sido vinculado a proceso ante ningún tribunal con jurisdicción sobre territorio cubano. La rueda de prensa de Uthmeier, prevista para este lunes en Miami, está llamada a precisar el alcance de una orden estatal que, por ahora, difícilmente podría ejecutarse sobre la isla.
