De acuerdo con el portal Fontanka, la acusada, de 42 años, fue detenida el 3 de abril y enviada a prisión preventiva, donde posteriormente reconoció su culpabilidad. La paciente, descrita como madre de una familia numerosa, no presentó cargos en contra de la mujer que le practicó el procedimiento, según el mismo medio.
El caso se conoce en un contexto de fuerte caída en el número de abortos registrados en Rusia. Según estadísticas oficiales difundidas el mes pasado, «la cifra de interrupciones de embarazo era de 235 mil 700 casos en 2025, frente a los 1,01 millones registrados en 2010», lo que representa una reducción de cuatro veces en 15 años.
Las autoridades rusas han impulsado en los últimos años una serie de restricciones para dificultar el acceso a la interrupción del embarazo, entre ellas el endurecimiento de los requisitos legales para practicarlo y la obligatoriedad de consultas previas con psicólogos y trabajadores sociales. El procedimiento que derivó en esta condena se realizó al margen de cualquier marco legal, por una persona sin cédula profesional en la especialidad.
El gobierno ruso busca revertir con estas políticas la caída de la natalidad en el país, un fenómeno que las propias autoridades vinculan con dos factores: la incertidumbre generada por la guerra en Ucrania y el llamado «agujero demográfico». Este último es resultado de que las mujeres nacidas en la década de 1990 —periodo en el que también se desplomaron los nacimientos— alcanzan ahora la edad fértil, lo que estrecha la base reproductiva del país.
El endurecimiento normativo ruso se inscribe en una discusión que otros países libran en sentido contrario. En Estados Unidos, un tribunal restringió recientemente el acceso a píldoras abortivas y prohibió su envío por correo, mientras en Texas la familia de una mujer fallecida durante el embarazo vinculó su muerte con las restricciones vigentes, según la cobertura internacional sobre el tema.
El debate sobre natalidad y papel del Estado atraviesa a varias generaciones; en otras regiones, como documenta la cobertura sobre jóvenes que encabezan protestas contra la corrupción en Europa y Asia, las nuevas generaciones también han colocado en el centro del debate público la relación entre Estado y ciudadanía, aunque en clave distinta a la política rusa de natalidad.
La condena de nueve meses de prisión dictada este lunes por el tribunal de San Petersburgo constituye el desenlace judicial conocido del caso, en un expediente donde la paciente decidió no ejercer acción penal adicional contra la responsable del procedimiento.
