De acuerdo con el texto legislativo, la CURP digital será aceptada como mecanismo de confianza conforme a las disposiciones que emitan Banxico, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) y la Agencia de Transformación Digital. La exposición de motivos señala que el modelo remoto de pagos requiere fuentes que acrediten la identidad sin presencia física ni documentos en papel, un esquema que se apoya en la CURP Digital prevista en la Ley General de Población y en el Expediente Digital Ciudadano establecido en la Ley Nacional para Eliminar Trámites Burocráticos, siempre con el consentimiento de la persona titular.
Mark McCoy, director general de Banco Covalto, explicó a Expansión que el uso de la CURP digital estandarizará el proceso de verificación de clientes, conocido como Know Your Customer (KYC), y reducirá lo que denominó "fricción" en la apertura de cuentas. El directivo sostuvo que la trazabilidad de los pagos enriquece el análisis de perfiles crediticios y aporta formalidad fiscal al dinero.
"Enriquece también el poder analizar a los clientes para poder otorgar financiamiento de sus movimientos de pagos por medio del SPEI y también da formalidad al dinero desde el punto de vista de fiscalización", acotó Mark McCoy, director general de Banco Covalto.
El efectivo domina el 98% de los gastos
Los datos oficiales del Inegi y Banxico muestran la magnitud del reto que enfrenta la iniciativa. Según la Encuesta Nacional de Inclusión Financiera, los medios de pago digitales representan apenas 4.4% de las compras menores a 500 pesos. Un estudio cuantitativo sobre efectivo de 2025, elaborado por el banco central, encontró que casi 51 millones de personas, equivalentes al 98% de los encuestados, utilizan billetes y monedas para gastos cotidianos como alimentos, bebidas, tabaco y transporte.
La exposición de motivos de la ley sostiene que cerrar la brecha entre la infraestructura digital disponible y su uso efectivo traerá beneficios en eficiencia, seguridad y reducción de costos de transacción. El documento argumenta que el manejo de efectivo implica mayores tiempos y costos, mientras que el pago digital se procesa en tiempo real desde un dispositivo que la persona ya posee y queda respaldado por un comprobante electrónico que permite presentar aclaraciones ante la institución financiera.
El empuje hacia el pago sin efectivo también se observa en otros servicios públicos: la Universidad Nacional Autónoma de México documentó recientemente cómo tradiciones como el pan de muerto responden a procesos de sincretismo cultural, un recordatorio de que la transición a lo digital convive con prácticas arraigadas difíciles de desplazar en el corto plazo.
Banobras licita el telepeaje por 1,508 mdp
En paralelo, Banobras publicó una licitación para la prestación de Servicios de Gestión de Cobro de Telepeaje en diversos tramos carreteros, por contratos que suman 1,508 mdp. El primer contrato tiene un valor de 840 mdp y otra parte, de 667.7 mdp. En las casetas de cobro el pago mediante tag continuaría como una de las alternativas, pero también se prevé habilitar mecanismos para recibir pagos con tarjeta y códigos QR, de forma que los usuarios no dependan exclusivamente de un dispositivo.
De acuerdo con el texto de la licitación, alrededor de 55% de la recaudación en autopistas proviene ya de operaciones mediante telepeaje. Con la nueva contratación, Banobras busca llevar más lejos esa tendencia y elevar la participación de los pagos electrónicos en las vías de cobro federales, en lo que se plantea como un avance gradual hacia la reducción del efectivo.
